Vigo responde al modelo de "gran ciudad-no capital" de un territorio administrativo amplio y complejo por numerosas razones históricas, geográficas, sociales y económicas. Como es sabido, en la ciudad de Vigo se ubican las principales empresas de Galicia, y acoge a la mayor población del país. Sin embargo no hay allí ninguna principal institución autonómica: no es sede del Gobierno de la Xunta, no está el Parlamento, ni se encuentran los más altos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en Galicia
La ciudad de Vigo es importante no solo para la comunidad autónoma sino también para todo el cuadrante noroccidental español, sin olvidar su trascendencia a nivel supranacional. Vigo tiene un protagonismo de especial relevancia en la economía local y global como vía de salida y retorno de las actividades económicas de Galicia, sin olvidar otros ámbitos medioambientales, culturales y sociales. A esta singularidad de Vigo se ha intentado dar respuesta con distintas iniciativas político-administrativas -la última la del Área Metropolitana- con la mirada puesta así en un ámbito organizativo y competencial que va más allá de los límites de la propia ciudad; pero con unos planteamientos normativos de carácter general, sectorial y territorial que resultan muy difíciles de encajar en el del ordenamiento jurídico territorial gallego.
Sin embargo, el Estatuto de Autonomía atribuye, sin ambages, a Galicia competencias sobre régimen local, dentro del marco general de la Constitución y de la legislación estatal básica. A mi juicio, existen instrumentos para, en cambio, aprobar en el Parlamento de Galicia una Ley de régimen especial del ámbito competencial asignado al municipio de Vigo, que otorgaría estabilidad normativa, en el sentido de que ninguna otra ley sectorial podría alterar lo dispuesto en ésta. Una futurible ley que configuraría también el régimen de financiación de la ciudad de Vigo y la necesaria relación con las Administraciones autonómica y estatal. Esta ley debería reforzar el principio de autoorganización como núcleo de la autonomía local y configurar al mismo tiempo un órgano de colaboración bilateral y de carácter permanente, con atribución de concretas funciones, que estría integrado por representantes de la comunidad autónoma y del ayuntamiento de Vigo.
Con exquisito respeto a las facultades reservadas al Estado y a la comunidad autónoma de Galicia, la ley que se propone tendría que reforzar las competencias municipales sobre determinadas materias (empleo y sanidad), siempre en el marco de una lealtad institucional, y con el exclusivo objeto de ampliar y mejorar la calidad de los servicios prestados desde la ciudad de Vigo. Un deseo de colaboración que tiene que plasmarse en materias como la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, o los transportes.
En definitiva, se trata de articular imaginativos y potentes mecanismos de participación municipal sin menoscabar las potestades y responsabilidades de la Xunta, y con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la principal urbe de Galicia. Porque Vigo, tomando los versos del premio Princesa de Asturias, Adam Zagajewski, "es una ciudad justa/donde no se castiga a los extraños/ciudad de memoria veloz/de olvido lento/que tolera a los poetas, perdona a los profetas/su falta de sentido del humor".
*Magistrado y doctor en Derecho Administrativo
