El hecho de que el Gobierno se esté replanteando como medida de presión permitir que en Cataluña se pueda elegir de lengua vehicular el castellano simplemente rellenando una casilla denota el terrible descuido en Educación durante todos estos años. Cualquier recién llegado a este país, ajeno a las claudicantes concesiones territoriales a los nacionalistas, se preguntaría por qué no existe en el siglo XXI la posibilidad de elegir entre dos lenguas en una sociedad bilingüe como es la catalana.
La aplicación del artículo 155 y la necesidad de meter en vereda al independentismo prueba hasta qué punto la administración central ha abandonado durante décadas a los catalanes, rehenes de los nacionalistas, que tenían que solicitar expresamente por escrito el derecho a que sus hijos se educasen en la legua común de los españoles. Naturalmente la inmersión lingüística impuesta en Cataluña ha arrojado los resultados conocidos. El odio se alimenta, no se produce simplemente por un rechazo del Estatut ni por conversión exprés.
El cortoplacismo está de moda. El Gobierno busca quitarse de encima a Puigdemont, y su vicepresidenta toma la palabra para decir que recurriendo al155 va a "cumplir con la obligación de servir a los catalanes", que hasta ahora estuvieron abandonados a su suerte por la discriminación consentida de la Generalitat. ¿Ahora porque conviene? ¿Por qué no antes? El cinismo y el diablo, decía Robert Louis Stevenson, son la misma cosa.
La exclusión del castellano ha sido un carburante del independentismo, pero nadie hasta ahora, cuando hay que apretarle las clavijas a Puigdemont, se había dado cuenta del daño.
