Las diputaciones provinciales se crearon en el siglo XIX en unas coordenadas históricas que como es natural eran muy distintas de las actuales. La Constitucion de 1812 encomendaba a las diputaciones la prosperidad de cada provincia, de manera que tras fijarse la división provincial en 1833, estas nuevas y flamantes administraciones locales "mayores" iniciaron una singladura marcada por su protagonismo en el panorama local español de los pasados dos siglos. Las diputaciones provinciales han prestado servicios notables a los ciudadanos y a los municipios pero no nos engañemos: no solo no son hoy en día innecesarias sino que desde la perspectiva de la austeridad en el gasto publico son necesariamente prescindibles.

Ademas, desde el punto de vista constitucional la supresión de las diputaciones, a mi juicio, no implica la desaparición de la provincia como institución jurídica. Y, ello, porque la propia Constitución de 1978 permite que el la administración provincial pueda ser asumido por las comunidades autónomas para evitar así, entre otras cosas, las duplicidades político-administrativas. De esta manera, las competencias de la provincia -que como institución es lo que sostengo que está constitucionalmente garantizado- se distribuirían entre las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos. Hay que recordar que en una primerísima sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de julio de 1981, se habla de que, precisamente, lo que hay que preservar es "una institución (la provincia) en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar".De ahí que al contrario de lo que algunos dicen con poco fundamento -y con error de cita del artículo 41 de la Constitución- no sea preciso una reforma constitucional para suprimir las diputaciones.

Por lo que mas valdría no perder el tiempo en debates estériles y ponerse manos a la obra en operaciones realistas: legislar y actuar para reordenar la vida de nuestra administración local, tan depauperada en Galicia. Quizá ha llegado el momento dejar atrás para siempre estas estructuras organizativas estériles que son las actuales diputaciones provinciales y sus entes equivalentes en España( forales, consejos, cabildos insulares) y destinar a otras cosas los 22.000 millones de euros que nos cuestan al año.

*Magistrado y doctor en Derecho Administrativo