No llevaba ni siquiera dos años en semilibertad y José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, había vuelto a ser uno de los mayores capos de la coca no solo de España sino de Europa. Más bien parece que, aún entre rejas, nunca dejó de serlo, a tenor de la fulgurante reconstrucción de su "narcoimperio". Al menos así se desprende de las investigaciones a cargo de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que lo ha devuelto a prisión acusado de narcotráfico, organización criminal de extrema gravedad y blanqueo de capitales. Su captura y el desmantelamiento de nuevo de su clan es sin duda la mejor noticia. La peor, constatar no solo su retorno sino los fallos de un sistema del que se ha burlado y que incomprensiblemente le ha permitido disfrutar de beneficios penitenciarios que, queda demostrado, jamás mereció. Para escarnio de todos. Con los capos, tolerancia cero.

El apresamiento en octubre pasado cerca de Azores del barco "Thoran" con 3.800 kilos de cocaína en sus bodegas, la incautación un mes después de otros 616 kilos de esta droga en un contenedor en Holanda y de un tercer alijo la pasada primavera de 63 kilos de marihuana con destino a Hamburgo suponen la prueba de cargo que vendría a confirmar lo que desde hace tiempo sospechaban las fuerzas de seguridad: que las redes del narcotráfico del histórico capo arousano nunca dejaron de estar inactivas. Solo esos cargamentos de coca le hubieran supuesto más de 150 millones de euros en el mercado de no haber sido intervenidos.

Las aprehensiones que se atribuyen al clan de Miñanco, desarrolladas en distintos países, son reveladoras de su frenética carrera por hacerse con el monopolio de la cocaína enviada desde Colombia. De hecho, nunca dejó de contar con la confianza de los cárteles de ese país, los propietarios de la droga, a pesar de los graves problemas a los que, en ocasiones, tuvo que hacer frente, como el de la pérdida del alijo de Holanda que acabó con la muerte a tiros en Colombia de un miembro de su organización.

Para calibrar la relevancia del golpe asestado basta reseñar el número de arrestos y de propiedades intervenidas en la Operación Mito: 43 detenidos de nueve nacionalidades, entre ellos su lugarteniente, el colombiano Luis Enrique García Arango, Ramiro Somoza, David Pérez Lago -hijastro de Laureano Oubiña, otro de los capos históricos- y la pareja de una hija de este; así como la incautación de bienes e inmuebles por 15 millones de euros.

La operación ha permitido desbaratar una poderosísima infraestructura logística y su entramado económico: se han bloqueado cuentas bancarias, se ha actuado en su grupo inmobiliario a nombre de su hija, en el astillero en el que fabricaba las planeadoras para los desembarcos, en empresas de seguridad y de alquiler de coches. Los investigadores están seguros de haber localizado también parte del patrimonio oculto que se le presupone en paraísos fiscales y en Latinoamérica. Sus captores interceptaron 889.000 euros en el aeropuerto de Barajas que presuntos miembros del clan pretendían llevar a Bogotá para pagar en mano la mercancía y constataron el transporte por el mismísimo Miñanco de al menos 2,9 millones que llevaba ocultos en un doble fondo de un coche de lujo. Además de 300.000 euros confiscados en la operación.

Resulta pues evidente, que Sito Miñanco había vuelto a recuperar la supremacía del "negocio" si es que en algún momento la había perdido. Tomó sus riendas utilizando grandes medidas de seguridad. Se gastó 700.000 euros en especialistas en telecomunicaciones que prepararon teléfonos encriptados para que las embarcaciones se comunicaran entre sí. Tenía infiltrados en las fuerzas de seguridad, que le alertaban de posibles investigaciones.

Aún así sus medidas de precaución no fueron suficientes. Afortunadamente, se ha topado de nuevo con la horma de su zapato: un golpe asestado con enorme diligencia y efectividad policial. Su detención viene a demostrar que, con medios, las fuerzas de seguridad, en esta ocasión en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, obtienen resultados. Pero también que la cocaína sigue entrando por Galicia como en los mejores tiempos, como ha dicho en FARO el juez Vázquez Taín, uno de los mayores expertos sobre narcotráfico en la comunidad.

No valen pues conformismos. En esta lucha no caben concesiones ni el mínimo relajamiento. Que el narcotráfico no se para en barras, que sigue siendo una lacra, no hay más que verlo. Por eso es necesario persistir desde todos los frentes en la batalla contra esta criminal actividad, que tanta destrucción y muerte ha causado y sigue causando en nuestra juventud.

El éxito de la operación no oculta el fracaso que supone comprobar cómo capos históricos ni siquiera han tenido que esperar a quedar libres para reorganizar sus bandas y volver a las andadas. La sofisticación cada vez mayor del crimen organizado, su evolución y rápida adaptación a las circunstancias cambiantes, su violencia, obligan a redoblar el pulso contra estas mafias. Lo acabamos de ver con los dos "geos" heridos al ser recibidos a balazos por uno de los narcos detenidos o con el asalto a tiros del hospital de La Línea por una banda de encapuchados para liberar a un narcotraficante vigilado por dos policías.

Lo que bajo ningún concepto debe volver a repetirse es el despropósito cometido con el régimen de semilibertad concedido a Sito Miñanco al que tanto la Fiscalía como Interior se habían opuesto frontalmente. Había estado durante 17 años en prisión por varias penas. De la última condena había cumplido tres cuartas partes, pero las fuerzas de seguridad tenían indicios suficientes de que incluso desde la cárcel y durante los permisos penitenciarios que venía disfrutando seguía en activo. Más aún: todavía tenía pendiente para el próximo 27 de febrero, un nuevo juicio por blanqueo de capitales en el que se enfrenta a otros seis años de cárcel.

Prueba de la incomprensible resolución dictada por el juez de Vigilancia Penitenciaria es que el arrepentimiento de Miñanco de sus delitos, el que firmó por escrito para poder salir de día del penal de Algeciras y trabajar de "aparcacoches" en un parking de la ciudad gaditana propiedad del entorno de sus abogados, resultó ser una burda trampa. Lo que demuestra que también falta mucho camino por recorrer en aras de la plena y necesaria coordinación entre Policía, Fiscalía y judicatura para que casos como este no vuelvan a ocurrir.

Se puede y se debe hacer más por evitarlo. Las fundaciones antidroga, herederas de las ejemplares madres coraje que hicieron cambiar la conciencia social en los años 80, demandan con razón a los jueces que hagan cumplir las condenas con firmeza. Es necesario ser inflexibles y extremar los controles dentro de las cárceles sobre este tipo de delincuentes. No se trata de negarles el derecho a la reinserción ni la aplicación del derecho penitenciario, pero habrá de procederse con el máximo celo porque a la vista está que la rehabilitación de los grandes narcotraficantes es más que dudosa. Evidencias hay de sobra.