En Galicia somos unos trastes que vamos por la vida cimentando leiras y cultivando galpones como si cada microparcela fuese una casilla del Monopoly. Se nos va la cabeza a eso, qué le vamos a hacer.

El estrabismo ensayado de alcaldes y técnicos municipales nos garantizaba la necesaria y suficiente impunidad: cada "ti vai facendo", 15 votos a la buchaca...

Hasta que, en un acto incontenible de progresismo y modernidad, la Xunta dijo basta, se inventó la APLU y dejó en manos de una apisonadora administrativa la reposición de la legalidad urbanística.

Con el paso de los años la APLU ha ido solventando los desagravios más notables con el territorio y, agotados estos, ahora se dedica a perseguir galpones, casas que llevan décadas inacabadas y... autocaravanas (en este caso ellos denominan "demolición" a lo que los demás conocemos como "aparcar en otro sitio", pero se cuelgan la medalla). Verdaderas batidas oiga.

En este escenario a alguien se le ocurrió que podía ser buena cosa implicar a la fiscalía penal, pasándole los expedientes por si alguien tenía que ir a la cárcel por algo que al fin y al cabo iba a ser demolido a su costa. Y en esas estamos: sancionando y enredando al pueblo hasta la demolición y más allá...

Pero no siempre es así: En ocasiones la APLU se contagia de estrabismo alcaldil y no ve, ni oye, ni habla. Una monada. Pasa que estas ocasiones coinciden con que la obra no ha sido perpetrada por un particular, sino por la propia administración, y pasa también que detrás de esas obras hay un responsable político al que es preferible salvaguardar bajo una montaña de tiempo e inmovilismo.

Esto provoca que en algunos periodos se pueda uno encontrar en los medios situaciones paradójicas: reiteración incisiva de sanciones y órdenes de demolición a tres meses vista a afectados como los de Vilaboa o Lourizán (viviendas habitadas) frente al laissez faire con que se trata a concellos como Barro, donde el puente de Valbón (construido veleidosamente sin conexión con ningún vial) fue objeto de una resolución de demolición hace tres años. Tres años sin ninguna sanción. Sin cartas cada mes. Sin que la fiscalía haya tenido siquiera noticia de su existencia. En Barro ni fiscalía ni mú.

Extraña. Sobre todo si una lleva una semana leyendo en prensa declaraciones de la APLU y su director garantizando equidad y proporcionalidad, e incluso magnanimidad en relación a Vilaboa.

Constatada pues la existencia de una APLU de dos velocidades. ¿Algo que declarar, APLU?