El domingo pasado hubo en Santiago de Compostela una manifestación multitudinaria en favor de la sanidad pública y en contra de los proyectos privatizadores del gobierno del PP en la Xunta de Galicia. Unos proyectos que se van a concretar en la aprobación de una nueva Lei de Saúde que permitirá, entre otras cosas, reducir de 11 a 7 las áreas sanitarias, desmantelar hospitales comarcales, dificultar el acceso de la población rural a la atención médica especializada, desviar el flujo de pacientes hacia centros privados, y abrir paso a la presencia en hospitales públicos de multinacionales farmacéuticas. Amén de reducir los canales de participación del personal sanitario y de los pacientes en el control de la gestión.
Y todo ese proceso revolucionario (¿quién dijo que la derecha neoliberal no es revolucionaria?) a poco más de un año de las elecciones municipales. Desconozco cuáles puedan ser los efectos prácticos de esa protesta multitudinaria porque el señor Núñez Feijóo tiene mayoría parlamentaria y le resultará relativamente fácil sacar adelante la ley para acabar imponiendo sus proyectos privatizadores.
Por otra parte, no hay que escandalizarse demasiado. Antes de Galicia hubo otras comunidades autónomas regidas por gobiernos de derechas neoliberales en las que se produjeron actuaciones semejantes. Como, por ejemplo, en Cataluña y en Madrid. En la primera de las citadas se dio el caso de la llamada "rebelión de Bellvitge" para protestar por la saturación de las Urgencias y por el desvío a centros privados de actividades quirúrgicas. Y en la segunda, la llamada "rebelión de las batas blancas" para oponerse (esta vez con éxito) a la gestión privada del Hospital de la Princesa, de otros seis hospitales y de varios centros de salud. (Aunque también conviene recordar aquí que antes de ese brutal ataque al corazón del sistema público se había producido, durante el mandato de la señora Aguirre, la asquerosa campaña difamatoria contra el doctor Montes y resto de miembros del servicio de sedaciones del hospital de Leganés, a los que se llegó a acusar en los medios adictos del supuesto asesinato de pacientes terminales para dejar libres las camas).
Los proyectos de desmantelamiento de servicios públicos fundamentales, como la sanidad, vienen de lejos y tienen que ver con la liquidación de los restos del llamado Estado del Bienestar. Aquel sistema creado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial previo pacto entre el capitalismo de rostro humano y los sectores obreros representados por sindicatos poderosos que tantos beneficios trajo para la mayoría de la población. Un pacto que en España también se dio con las limitaciones que imponía la dictadura entre el desarrollismo económico franquista y las fuerzas pseudo-obreras del sindicalismo oficial que encarnaba el ministro de Trabajo Girón de Velasco.
Privatizar la inmensa maquinaria de la sanidad, que garantiza mejor que ningún otro servicio público la vocación de equidad del Estado, es una tarea complicada y los políticos que la intenten llevar a cabo han de andarse con pies de plomo ante la posibilidad de que se vuelva contra ellos. Por eso mismo, las fórmulas que se buscan son cada vez más alambicadas. Entre ellas, el traspaso de competencias a las comunidades autónomas hasta ver a quién se le ocurre la mejor receta. Y Feijóo propone esta nueva desde Galicia.
