Un año más y van ya cuatro consecutivos, la AP-9 es la autopista con más quejas de España. Su concesionaria, Audasa, duplica incluso a la siguiente en ese oprobioso ranking. Nada que los usuarios de la principal arteria de comunicación de Galicia no sepan. Lo sufren en sus carnes y más aún en sus bolsillos. La atención prestada no se corresponde con sus boyantes beneficios, a los que contribuyen los altos peajes, entre los más caros del Estado, en especial los del sur de la comunidad. De su comportamiento obstinadamente prepotente hablan las hemerotecas, que reflejan su cicatería en lo económico y su sordera ante demandas de usuarios y sociedad en general. Pero la responsabilidad no solo es de ella. También de los poderes públicos que durante más de tres décadas de explotación le han consentido de todo, salvo contadas excepciones.
Solo la laxitud de los supervisores públicos puede explicar la desidia, la indiferencia o hasta el menosprecio con que la concesionaria de la AP-9 ha venido respondiendo durante todos estos años a la hora de cumplir con muchas de sus obligaciones. Porque la realidad es que ambas partes acumulan responsabilidades. Siempre presta y diligente ha estado Audasa a la hora de reclamar sus derechos, incluso antes de tiempo, como lo hemos visto con su exigencia de empezar a cobrar las onerosas subidas pactadas por las obras de ampliación sin haberlas rematado. Una gestión eficientísima con la que se mueve a la hora de recaudar que no aplica por igual cuando toca responder a sus deberes, si es que abiertamente no los ignora. Pero tampoco muy eficientes han sido los responsables públicos a la hora de hacerse valer.
Fomento reconoce que el vial gallego es el que más descontento genera en todo el país. En este periodo, los usuarios han pedido en 1.221 ocasiones el libro de reclamaciones para denunciar el servicio. Ninguna otra autopista de España genera más denuncias por retenciones de tráfico. Como tampoco hay otro vial con más quejas derivadas de problemas con la utilización de tarjetas para el pago de peajes. Asimismo es el segundo en protestas por la cuantía de sus tarifas. Una notoriedad mal sana que no acaba de corregirse y que también deja en evidencia la insuficiente reacción de los gestores públicos para hacer que se mitigue.
De poco han valido durante mucho tiempo no ya las quejas de los usuarios, empresas y particulares, sino también las reprimendas y avisos de Xunta y Fomento. Todavía resuenan los ecos de los atascos en las cabinas de peaje en los meses de verano por la imprevisión de sus gestores de hacer frente a la avalancha con el refuerzo de los servicios. Por no hablar de los monumentales colapsos que se venían sucediendo en las entradas y salidas de Vigo y en el puente de Rande cada vez que se ocasionaba una simple colisión de chapa y pintura. O de la ausencia de arcenes o del mal estado de la calzada en algunos tramos.
Tras décadas de suculentos ingresos -la AP-9 está considerada una de las autopistas más rentables de España-, la concesionaria ha acometido la ampliación de Rande y de Santiago, obras tan necesarias como costosas: unos 240 millones. Eso sí, a cambio de una jugosa subida del peaje del 1% durante 20 años, que se sumará este mismo año al impacto del 1,9% del IPC y del 0,9% por compensación de la bonificación en el tramo Vigo-Pontevedra.
Aunque le asista su derecho, porque así lo ha firmado con los sucesivos gobiernos que no solo le han prolongado la concesión hasta el límite legal sino que le han recompensado con sucesivos incrementos, el coste del peaje en la AP-9 es sin ninguna duda desmesurado, especialmente en los tramos del sur, los más agraviados. Aunque tarde, se hizo algo de justicia con la rebaja del peaje Vigo-Pontevedra, cuyos usuarios, a diferencia de otros, están materialmente impelidos a utilizar la autopista, salvo que opten por cruzar la ría a nado, como gráficamente dejó dicho en su momento la exministra de Fomento Ana Pastor, impulsora del acuerdo. Eso o estar dispuesto al calvario de perder más de una hora al volante para realizar el trayecto bordeando la ensenada.
Y justicia se acaba de hacer también por fin con el anuncio de supresión del peaje entre Vigo y Redondela, la única circunvalación que se mantenía de pago en toda la AP-9, para más oprobio con la tarifa más alta de toda la autopista. Ni en A Coruña, ni en Ferrol, ni en Santiago, ni en Pontevedra se cobraba, aunque el recargo lo pagásemos todos los demás usuarios. Como se hará ahora, ni más ni menos, con este tramo. Un agravio intolerable que se ha mantenido desde siempre y que no se ha visto subsanado hasta que el clamor social y empresarial se tornó en insoportable para las autoridades.
Lógicamente, Audasa quiere hacer valer sus derechos e intereses, que no son pocos cuando hablamos de una caja que solo en el último año ha ingresado más de 138 millones por peajes frente a los 77,4 del año 2000. Pero por más legal que resulte, no tienen justificación unas tarifas tan gravosas como las que se aplican en el eje vertebrador del territorio más poblado de Galicia y, por tanto, esencial para el crecimiento y la generación de riqueza en nuestra comunidad. De ahí la obligación de que Fomento aborde con rigor y determinación la manera de abaratar el peaje y, en el caso del Sur de Galicia, invierta de una vez en la necesaria alternativa tantas veces prometida como olvidada de la autovía A-57 entre Vigo y Pontevedra. Lo intolerable es no hacer ni una cosa ni la otra.
En justa correspondencia con esos legítimos derechos, a las administraciones les corresponde exigir que cumpla los compromisos contraídos o, caso de incumplirlos, adoptar las medidas oportunas. El Estado tiene numerosos recursos para responder ante situaciones de incumplimiento manifiesto. En el caso de la AP-9, las ha habido de sobra y la respuesta pública no ha estado casi nunca a la altura. Cómo si no entender que persistan situaciones tan lacerantes como la que padecen desde hace 35 años los miles de residentes que viven en torno a los accesos de la autopista a Vigo, que soportan según estudios del propio ministerio, el mayor ruido de tráfico en toda España.
Ningún otro tramo de la red nacional de autopistas tiene más población afectada por tan alta contaminación acústica que el de entrada a Vigo, por el que transitan más de 50.000 vehículos, de los cuales 3.200 son camiones. Lo padecen 5.300 domicilios de Teis y Chapela. Más de 2.000 residentes están expuestos a niveles superiores a 65 decibelios, el umbral que marca los peligros para la salud. La displicencia mostrada por la concesionaria para corregirlo no tiene parangón. Por ahorrar se lo ha ahorrado casi todo: ni una sola pantalla acústica se ha dignado a colocar en todo este tiempo. De nuevo la inacción y un arrogante silencio por respuesta. Ha tenido que reventar la indignación social, han tenido los ciudadanos que volver a decir basta, para que llegue el anuncio de que por fin se invertirá en sistemas antirruido, aunque no en todo el trayecto. A ver si no hay que esperar otros 35 años para verlo. El tiempo transcurrido sin que nada tan sencillo y necesario como eso se haya hecho.
