La prestación de los servicios públicos por su propia definición es responsabilidad de los poderes públicos y según su naturaleza la administración competente se ha de ocupar de su prestación dando respuesta a necesidades específicas de los ciudadanos. La gestión de lo servicios públicos ha de estar inspirada por la buena administración y encajado su funcionamiento en el triple vector de economía, eficacia y eficiencia.
Los de carácter municipal, como la gestión del agua, la recogida y tratamiento de residuos y otros muchos servicios orientados a los ciudadanos, han sido confiados su gestión a operadores económicos privados, pretendiendo lograr a través de la especialización, que los servicios sean de calidad, de acceso universal, de respeto a los derechos de los usuarios, igualdad de trato y de accesibilidad económica. Los servicios municipales son los más cercanos a los ciudadanos y por tanto los que mejor nos sirven para medir si este método de gestión indirecta privada del servicio público ha respondido a las exigencias de buena administración que comentamos.
No cabe duda de que las empresas, como operadores económicos especializados, muestran el perfil que también tienen que en el campo privado las empresas en general. Hay operadores muy profesionalizados, éticamente responsable, competitivos y con una clara vocación de cumplir adecuadamente los requerimientos que la administración pública le impone llevando a cabo una gestión eficiente y eficaz de los servicios públicos. La existencia de operadores con malas prácticas desde los procesos de contratación a la ejecución adecuada de los servicios, dependen de el rigor con el que son tratados y contratados, no dependiendo los servicios de la condición pública o privada de su gestión, sino de la capacidad y voluntad de la administración contratante de hacer cumplir adecuadamente las obligaciones del prestador del servicios, de la misma forma que un cliente ordinario de cualquier empresa exige a su proveedor el cumplimiento adecuado de lo convenido con él.
Está resurgiendo iniciativas políticas que consisten en recuperar por parte de las administraciones públicas la gestión directa de los servicios, empleando para ello recursos propios, fundamentalmente los humanos, con la idealizada pretensión de que se harán mejor. La experiencia demuestra que no es así, al menos la capacidad de exigir cumplimientos es infinitamente mayor a una empresa que a un funcionario.
*Economista
