Derechos ciudadanos frente a hegemonía Es muy importante tener en cuenta la diferencia existente entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y el de Derechos Humanos, de Estrasburgo, como bien señala el juez francés Vincent Sizaire.
El primero vela por el cabal respeto de los tratados y el derecho europeos, y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por Gobiernos e instituciones de los veintiocho, que serán veintisiete tras la salida del Reino Unido.
El segundo se ocupa de la convención que garantiza los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos europeos. Los 47 países del Consejo de Europa que la han firmado están obligados a cumplir sus resoluciones so pena de sanción.
Pero no deja de ser significativo de la deriva tomada por la UE el hecho de que mientras el de derechos humanos es muchas veces criticado por algunos Estados por ser excesivamente garantista, apenas se ponga en cuestión al de Justicia.
Y los críticos del primero no son solo los Estados con gobiernos autoritarios como ocurre con la Hungría de Victor Orbán y la Polonia del partido Ley y Justicia, por citar solo los casos más sangrantes, quienes ven en él una especie de camisa de fuerza de la que quisieran desembarazarse cuanto antes.
Incluso Francia, el país de "los derechos del hombre y el ciudadano", solicitó, con el pretexto de la lucha antiterrorista y para aplicar el Estado de emergencia, la suspensión en su territorio de la convención europea que garantiza precisamente esos derechos.
Pero los mismos gobiernos conservadores o autoritarios que tanto critican las ataduras que pretende imponerles el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo no tienen nada que objetar a la hegemonía neoliberal que garantiza el otro.
Pues como explica el magistrado y profesor de la universidad de París Nanterre, la mayoría de las privatizaciones de los servicios públicos se llevan a cabo en nombre del obligado ajuste de las legislaciones nacionales al derecho europeo.
El mayor reproche que hace el juez francés a ese tribunal tiene que ver con la competencia que le dan los tratados europeos para "censurar las políticas públicas" por el simple hecho de contravenir "una orientación económica y social arbitrariamente elevada al rango de norma jurídica supralegal", pues de esa forma se restringe el espacio legítimo de deliberación democrática.
Con todo, agrega el juez, si se saliese de "ese campo de intervención que subordina toda política económica a la primacía de la libre competencia y la desregulación de los movimientos de capitales", ese tribunal dejaría de servir de "instrumento de restricción abusiva" de la soberanía nacional.
Y podría incluso, dice, contribuir a la consolidación de las libertades fundamentales como demuestran algunas de sus decisiones: por ejemplo, la que condena la conservación de los datos de conexión por atentar contra la privacidad o la que impide penalizar la simple presencia de un extranjero en territorio europeo por contravenir el derecho de libre circulación de personas.
Las reflexiones del juez francés, demasiado complejas para resumirlas en una columna, bien merecen una atenta lectura, entre otras cosas porque ponen de relieve la necesidad que tenemos los europeos de un mejor conocimiento de nuestros derechos democráticos para un ejercicio "pleno y cabal" de nuestra ciudadanía.
(1) "Le Monde diplomatique". Enero de 2018
