La creación de una Magistratura de Trabajo en Pontevedra se enmarcó en una defensa a ultranza de la capitalidad con su consiguiente estructura administrativa, una y otra vez desoída por cada Gobierno de turno.
El alcalde Luís Ponce de León presentó al pleno de su corporación en octubre de 1942 una moción verbal poniendo de manifiesto el incumplimiento del reglamento de constitución de las magistraturas de Trabajo: taxativamente preveía la ubicación de este órgano de jurisdicción laboral en las capitales de provincia y, en caso de necesidad, permitía la implantación de otro en su ciudad industrial más importante. Aquí ocurría justamente la situación contraria.
El Ayuntamiento no cesó a partir de entonces en su demanda de reparación de aquella irregularidad, siempre con la colaboración de la Diputación Provincial y del Colegio de Abogados. Tras cuatro años de ingrata tarea, el clamor generado solo obtuvo una recompensa exigua.
El director general de Jurisdicción del Ministerio de Trabajo, bajo cuya dependencia estaban las magistraturas, se dejó caer por Pontevedra en julio de 1946 y anunció la buena nueva en el Ayuntamiento. Tras una cordial entrevista, Hermenegildo Baylos Corroza salió del despacho del alcalde, Calixto González Posada, con el compromiso municipal de correr con los gastos de instalación.
Al fin en noviembre de dicho año se aprobó la creación de una Magistratura de Trabajo en la capital de la provincia. Su ámbito de actuación englobó siete partidos judiciales: Lalín, A Estrada, Redondela, Caldas, Pontecaldelas, Cambados y Pontevedra. Para empezar su labor no pintaba nada mal. Sin embargo, pronto se descubrió que todo era un espejismo.
El Ayuntamiento pagó 550 pesetas mensuales por el alquiler de un local en la calle García Camba que nadie ocupó, porque su establecimiento tardó un año y medio en materializarse y nunca se nombró un magistrado titular.
Las representaciones sindicales pontevedresas celebraron en febrero de 1948 una reunión con el delegado provincial, Servando Sánchez Eguibar, para urgir la designación del magistrado y comenzar a funcionar. Ante el malestar observado, el propio delegado viajó a Madrid para reclamar su intervención al ministro, José Antonio Girón de Velasco. La respuesta obtenida se tradujo en el desplazamiento del magistrado de Vigo tres días al mes para ir tirando.
El salón de sesiones de la Casa Consistorial acogió en precario el 4 y 5 de mayo las primeras vistas de la Magistratura de Trabajo de Pontevedra, seguidas por otras el 17, 18 y 19 del mismo mes.
Los despidos y los accidentes de trabajo acapararon los primeros casos juzgados: Bernardino Gayoso contra la Caja de Compensación de Almacenistas, José Vilas contra el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, entre los primeros, y entre los segundos Dolores Durán contra la Diputación Provincial y la Caja Municipal, Manuel Seijo contra la Jefatura de Obras Públicas, etcétera.
Pasado el verano, la Magistratura de Trabajo ocupó un local alquilado a la familia Riestra por 500 pesetas mensuales en un segundo piso del número 42 de la calle Michelena. El funcionario municipal Luis Lois Teijeiro se convirtió en el único apoyo que dispuso el magistrado desplazado desde la ciudad olívica, hasta que cesó su actividad a mediados de 1949.
Aquel funcionamiento provisional resultó inviable y las fuerzas vivas locales se conjuraron para lograr un restablecimiento pleno. El Colegio de Abogados, la Cámara de la Propiedad y el Casino Mercantil, todos redoblaron sus esfuerzos en favor de tan noble causa.
El Ayuntamiento trató de atar los cabos sueltos, y frente a una previsible excusa gubernamental de falta de consignación en los presupuestos generales del año 1950, ofreció un anticipo reintegrable del dinero necesario para agilizar su retorno. Al mismo tiempo, brindó también su implicación en la búsqueda de un nuevo local adecuado y el pago del mobiliario preciso.
Con ese compromiso formal bajo el brazo viajaron a Madrid el alcalde de la capital y el gobernador civil, quienes volvieron con la esperanza de conseguir tal propósito a principios de 1951.
Remigio Hevia, el hombre que más luchó en esta segunda etapa por conseguir la reactivación en Pontevedra de la Magistratura de Trabajo, dio por hecha su creación en febrero del año siguiente. Tres meses después, aquel buen alcalde resultó depuesto sin ver su anuncio convertido en realidad.
Muy molesto por su fulminante destitución, Hevia no asistió el 30 de mayo de 1952 a la toma de posesión de su sucesor, Juan Argenti Navajas. Nadie se acordó de la labor del alcalde saliente; el vacío fue total. Y para mayor inri, el gobernador civil, José Solis Ruíz, anunció en su ausencia aquel mismo día la próxima creación del anhelado organismo. No obstante, hubo que esperar todavía otro año más.
Una orden del Ministerio de Trabajo creó la Magistratura de Pontevedra el 5 de marzo de 1953, que el BOE publicó el día 16. Su jurisdicción volvió a ser la misma que en su primera etapa; es decir los siete partidos judiciales del norte de la provincia, Redondela incluido.
Entonces no cabía otra marcha atrás al "cumplimiento de una aspiración largo tiempo sentida". Así se recibía su aprobación en los estamentos oficiales, poniendo un acento especial en la evitación de engorrosos desplazamientos y otras molestias adheridas.
El primer titular fue Enrique de No Louis, quien enseguida puso manos a la obra para que aquella resolución no pareciera papel mojado, y su primer domicilio provisional con vivienda familiar incluida se fijó en el primer piso del número 26 de la calle Arzobispo Malvar.
De No resultó un hombre providencial, que dejó huella en el nuevo organismo y encaró con éxito la superación de las chinitas que surgieron en el caminar de la magistratura de un lugar para otro: de Arzobispo Malvar pasó al número 15 de Benito Corbal, hasta encontrar luego un acomodo más estable en el número 1-3 de la calle Michelena.
Allí dejaron su impronta después los magistrados Julio Yebra Pimentel y Jesús Souto Prieto.
