Una deuda pública abultada es un problema del que preocuparse, al menos por tres motivos. El primero es la carga por intereses que genera. Impuestos que podrían ser dedicados a financiar servicios públicos acaban en manos de los tenedores de bonos. El segundo es la vulnerabilidad que conlleva. Si los mercados financieros se ven envueltos en turbulencias, la llamada "prima de riesgo" y los costes que conlleva puede dispararse en los países más endeudados y con peores perspectivas. Finalmente, una deuda pública elevada limita sobremanera la capacidad de afrontar una crisis macroeconómica: la política fiscal deja de ser una opción. Por ello es clave esforzarse cuando las cosas van bien y recortar el cociente entre deuda pública y PIB lo más rápido posible.
El gráfico adjunto, presentado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscales (AIReF) hace unos días, muestra que podríamos hacerlo significativamente mejor. SI nada cambia e incluso suponiendo que en la próxima década mantengamos una senda de crecimiento económico robusta y unos intereses relativamente bajos, no seremos capaces de cruzar la barrera del 80%, desde el 100% actual en números redondos.
Los factores que se sitúan representados por encima de la línea del cero alimentan la deuda. Ahí aparecen fundamentalmente los intereses. Por su parte, los que restan son los emplazados por debajo. La inflación (técnicamente el deflactor del PIB) y el crecimiento ayudan. También ayudará la reducción en el déficit, pero de forma insuficiente. Si quisiéramos acabar la década que viene respetando el límite razonable del 60% del PIB nos haría falta rebajar el déficit público un par de puntos adicionales respecto a la trayectoria prevista todos los años. Y eso pasa necesariamente por una reforma fiscal que nos permita recaudar más y de forma más justa y eficiente.
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*Director de GEN (Universidade de Vigo)
