A estas alturas, en las que la polémica sobre la financiación autonómica ocupa la atención de los habitantes -contribuyentes- de estos Reinos, llama la atención sobre todo un dato: que mientras han hablado sobre ella presidentes, políticos en general y técnicos, hay un silencio estruendoso por parte de quien, en última instancia, ha de resolver el sudoku, que es el Gobierno. Con un detalle añadido: que de cuando en cuando se refiere a los expertos a los que confió la tarea de buscar un proyecto antes del 31 de diciembre, y no parece que el plazo se vaya a cumplir.
(El silencio oficial sobre las futuras finanzas provoca un daño colateral, además del directo, que es la confusión: nadie ignora que el debate se ha recrudecido a partir de los temores de que la "cuestión catalana" trate de resolverse mediante el talonario de cheques, y que eso no se haya desmentido de forma tajante y clara aumenta la desconfianza y por ello la polémica. Acerca del reparto de lo disponible, por supuesto, y de que el concepto identitario pese a la hora de decidir. Y no como un elemento de ajuste, sino más bien como de diferencia, lo cual añadiría leña a un fuego que, como el forestal, tiende a crecer en cuanto se aporta mecha.
Ayer, este periódico recogía en un excelente trabajo la postura común del Noroeste peninsular en materia de financiación y las declaraciones, coincidentes en lo esencial, de los presidentes de las tres comunidades -Galicia, Asturias y Castilla y León- que ya firmaron un manifiesto conjunto. Pero sus señorías, que tienen razón y la exponen de forma correcta a la vez que contundente, debieran quizá -y ésta es una opinión personal, como siempre- cuidar un punto específico: que la financiación no ha de ser un reparto "igualitario" de lo disponible.
Puede sonar extraño el matiz, y hasta habrá quien lo rechace, pero no debiera ser así si se explica como es preciso. Porque en definitiva un reparto "igualitario" sería, en el fondo, injusto ya que beneficiaría a los que tienen más, a los poderosos. Habrá de ser, por lo tanto, "ponderado", presidido por el concepto de la justicia distributiva, aquella que definían sus autores como "ius est suum cuique tribuere", dar a cada uno lo que le corresponde. Porque en él se sustenta el principio de solidaridad, en el que se apoya la supervicencia de la Constitución y del Estado.
Y no se trata, en absoluto, de filosofar mientras los prácticos se dedican a lo suyo: solo de recordar algo que debiera ser irrenunciable pero que a veces parece correr peligro en función de las circunstancias políticas coyunturales: que el primer pensamiento gubernamental, y las decisiones básicas, han de tomarse en interés de las necesidades ciudadanas y no de las territoriales. Que a lo largo de muchos años no se haya hecho así lo ha padecido Galicia de una forma muy especial y dolorosa; por eso ha llegado la hora de impedir que se repita.
¿O no?
