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El espíritu de las leyes

La educación como arma nacionalista

Todo Estado, ya sea democrático o no, es perfectamente consciente de la importancia del sistema educativo como instrumento de integración social y de vertebración política. La educación fue un arma del combate ideológico durante la época de la Restauración (1874-1923), en el turbulento quinquenio de la Segunda República y bajo el largo período de la dictadura franquista.

El constituyente de 1978 tuvo muy presente la imperiosa necesidad de resolver este viejo y enconado problema español y alumbró un artículo 27 poliédrico y lleno de matices. Para empezar, la educación no es monopolio del Estado, sino expresión de la libertad de enseñanza. Al mismo tiempo, se garantiza el derecho de "todos" a la educación mediante la creación de centros docentes por parte de los poderes públicos y la subvención de los centros privados concertados. Finalmente, no solo la libertad de creación de centros docentes ha de ejercerse "dentro del respeto a los principios constitucionales": el texto constitucional proclama igualmente que la educación "tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Así de claro y terminante.

¿Problema, pues, finalmente resuelto? ¡De ninguna manera! Y no me refiero a la sistemática impugnación por la oposición de turno de la legislación educativa hecha aprobar en las Cortes por cada ministro del ramo con vocación adánica. Tampoco aludo a los ocasionales rifirrafes y litigios entre Gobiernos (el central y los autonómicos), partidos políticos y empresas educativas sobre los límites incluyentes del régimen de conciertos, la denominada educación diferenciada o el esporádico despido de los profesores de religión, entre otros temas vidriosos. La enseñanza es un terreno fértil en disputas ideológicas e indisimuladas dentelladas por el poder. Sin embargo, yo diría que entre los órganos judiciales y el Tribunal Constitucional han podido controlar, hasta ahora, tales tensiones dentro de los cauces del Estado democrático de Derecho.

En cambio, lo que se ha desmadrado por completo es la grosera instrumentalización del sistema educativo al servicio de la patria ensoñada en aquellas Comunidades Autónomas gobernadas por fuerzas nacionalistas. Allí la escuela, tanto pública como privada, ha venido constituyendo una potentísima palanca al servicio del proyecto de "construcción nacional". Vayamos al caso, verdaderamente paradigmático, de Cataluña. La cooficialidad de la lengua catalana condujo, a propuesta fundamentalmente de la acomplejada izquierda de electorado charnego (siempre obsesionada por el afán de blanqueo catalanista típico del síndrome de Michael Jackson), a la expulsión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Semejante atropello del derecho constitucional de los niños de lengua materna castellana es la viva demostración de que cualquier proyecto de cooficialidad lingüística degenera en ingeniería social y por tanto en una amenaza para la libertad. Sobre todo cuando la sedicente lengua "propia" del territorio se encuentra en situación de diglosia y demanda una "normalización" coactiva contra viento y marea.

Sí, porque la manipulación de los libros de texto al servicio del designio identitario viene inexorablemente a continuación. Hay que inventar un pasado glorioso que explique por qué Cataluña es, con palmaria evidencia, una Nación. Esta entidad nacional, calificada de milenaria (!), contiene un pueblo de altas y brillantes cualidades (laboriosidad, cultura y creatividad), injustamente sojuzgado y exprimido por una España de patanes, vagos y fascistas. En suma, a un lado se halla una vieja, civilizada y próspera Nación europea; al otro el retrógrado y estepario Estado que la vampiriza.

Los niños así adoctrinados en la hispanofobia salen del sistema escolar de Cataluña no para integrarse en una sociedad democrática y plural, sino para formar una comunidad totalitaria, unida, sin fisuras, con el espíritu "nacional" ("völkisch") bien configurado. Al cabo, también ellos, con "la mirada clara, lejos,/ y la frente levantada", van por rutas imperiales. Pero no caminan hacia Dios: caminan hacia la secesión, o sea, hacia su propio ombligo.

Cabe preguntarse por qué la España de la Constitución de 1978 ha permitido, y sigue permitiendo, un modelo educativo de adoctrinamiento nacionalista. ¿Acaso carece de instrumentos jurídicos para impedirlo? Los tiene: la potestad legislativa que confiere al Estado el artículo 149.1.30 del texto constitucional y una Alta Inspección educativa estatal que no ha servido para nada, ya que tanto socialistas como populares han debido pactar con los nacionalistas en las Cortes para alcanzar el Gobierno o para sacar adelante los más importantes proyectos de ley, comenzando por el de Presupuestos. Y en eso seguimos, hasta que el cáncer nacionalista culmine su obra.

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