Uno de los efectos colaterales más dañinos de la crisis catalana es, al decir de no pocos observadores, la práctica ralentización -por no hablar de paralización- de lo que la gente del común suele identificar como asuntos propios del Estado. Y que, en síntesis, consisten en la referencia a la gestión de la res publica, sobre todo en aquellas cuestiones "del día a día" -con la excepción, claro, de los Presupuestos Generales-, pero de los que depende la solución práctica de los llamados "temas corrientes" y de los que apenas se habla, y menos todavía se debate, en la calle y en el Parlamento, ocupados ambos casi en exclusiva de lo que suena al Noreste.
(De lo que allí suena y de lo que se origina para abrir polémica y desatar inquietud en lugares diferentes. Y quien lo dude puede repasar despacio la "agenda" de las opiniones pública y publicada, en la que no hay día sin alusión o discusión sobre el pasado inmediato y el incierto futuro de todos en función de lo que suceda el 21/D en las urnas catalanas. Y en el contagio que han producido las últimas semanas, con la creciente sospecha de que al final todo pueda resolverse -de momento y para varios años- con dinero abundante para unos pocos a costa de los demás, que habrán de seguir apretándose los cinturones.
Y es que, si bien se puede expresar de forma más compleja, en el fondo eso es lo que hay detrás de la discusión sobre el concierto y el cupo vasconavarro: el dinero. Aunque casi todo es opinable, pocas dudas hay de la desconfianza de que los nacionalismos, que siguen teniendo un peso decisivo en las decisiones del gobierno central, continúen llevándose a sus arcas el bocado del león. O, dicho de otro modo, que el voto de un diputado, o cinco, sigan marcando el destino de 43 millones de españoles).
El discurso oficial, naturalmente, es otro: el gobierno central rechaza de plano que pague a otros para que le permitan seguir donde está y la parte contratante de la segunda parte disimula y niega trato mercantil -y político- alguno con el supuestamente odiado PP. Un panorama que si al menos produjera como consecuencia colateral una mejoría de la vida para todos, aunque no se hiciese desde la justicia distributiva, tendría cierta lógica, pero que carece de ella desde el momento en que los beneficios ni siquiera existen para el conjunto de la ciudadanía.
Seguramente -aunque esta es una opinión personal- eso es lo que quería decir el presidente Feijóo cuando hace apenas unas horas insistía en la necesidad de que el concepto de solidaridad siga presidiendo la idea constitucional y en la urgencia de actuar frente a cualquiera que flaquee. El problema se deriva, con todo respeto para su señoría, en que tal como están las cosas ese discurso suena tímido, pero no se le puede pedir más energía, al menos verbal, por puro sentido común. De ahí que no estorbaría que, con la debida prudencia, don Alberto Núñez explicase al detalle qué se pide y qué piensa hacer.
¿O no...?
