Íñigo Urkullu le transmitió a Puigdemont la oferta que, de haber sido aceptada, podría haber reconducido el conflicto catalán a una zona más templada: a petición de empresarios catalanes que a su vez habían contactado con otros vascos para acercarse al lehendakari, y presumiblemente con la anuencia del Gobierno central, el mandatario vizcaíno planteó al ahora expresident de la Generalitat que si estaba dispuesto a convocar elecciones Rajoy, lo estaría a no aplicar el 155. En las horas siguientes, Urkullu recibió una respuesta afirmativa por correo electrónico. Y cabe pensar que quedó estupefacto, como tantos catalanes y españoles, cuando el jueves Puigdemont, bajo presión de sus socios, empujó la bola hacia el Parlament, hacia la declaración unilateral de independencia y hacia la intervención de la autonomía por Madrid.
Urkullu trató de que Puigdemont recuperará el seny: el sentido común, la serenidad de juicio que tradicionalmente se ha considerado un rasgo que define a los catalanes. La combinación de ese seny y del pragmatismo económico dieron tiempo atrás importantes dividendos al autogobierno de Cataluña, cuando la extinta CiU mercaba sus apoyos parlamentarios para dar mayorías a gobiernos minoritarios del PSOE o del PP a cambio de la cesión de más competencias o de negociar de forma bilateral reformas en la financiación autonómica que a continuación prácticamente se imponían al resto de comunidades de régimen común.
Perdida la mesura y la cordura en una parte de Cataluña, hoy el seny es más asunto de los vascos ( zentzua, se diría en euskera) y a él tratará de apelar Mariano Rajoy de nuevo en las próximas semanas para negociar los Presupuestos Generales del Estado. Europa ha emplazado por escrito al Gobierno del PP a presentarle unas cuentas que garanticen el compromiso de reducir el déficit público al 2,2% en 2018. Bruselas apoya sin fisura a España en la crisis catalana y sabe que esta tendrá un coste en el crecimiento económico del país, pero la misiva presupuestaria suena a aviso de que, aun comprendiendo las singulares dificultades domésticas, la UE no pasará por alto más incumplimientos con la senda del déficit y, llegado el caso, volverá a exigir disciplina (recortes de gasto o subidas de impuestos).
Rajoy necesita los cinco votos del PNV (los de Ciudadanos ya los tiene asegurados) o la abstención del PSOE para sacar adelante unas cuentas. Esto último es inviable. Pedro Sánchez se ha pegado al PP en la defensa de la Constitución, en la aplicación del 155 en Cataluña y en la convocatoria de elecciones, pero no hará concesiones con los Presupuestos. Y para el PNV, contrario a la intervención del autogobierno catalán por genética nacionalista y temeroso de un renacimiento de las posiciones "abertzales" más radicales en el País Vasco, resulta incómodo negociar con Rajoy, al menos por el momento.
Tiempo al tiempo. El diálogo presupuestario puede estar ahora fuera de juego, pero el seny vasco asomó las orejas el pasado septiembre, cuando Josu Erkoreka, consejero de Urkullu, emplazó al Gobierno central a hablar sobre la transferencia de 37 nuevas competencias, entre ellas dos altamente sensibles: las prisiones y la gestión económica de la Seguridad Social (cobro de cotizaciones y pago de prestaciones, aunque sobre el papel sin romper la caja única). Así que el lehendakari y el PNV estarían en posición de cambiar sus cinco votos del Congreso por una ampliación muy relevante del autogobierno. Después de haber seguido también el manual del seny para obtener, a cambio del apoyo a los Presupuestos de 2017, compromisos por valor de unos 5.000 millones de euros. Entre ellos, los correspondientes a una rebaja histórica del llamado cupo vasco que hará más privilegiada (y subvencionada por el resto de los españoles) la financiación de una de las autonomías más ricas del Estado.
