Lo más tremendo del terremoto -político, económico y social- que, con epicentro en Cataluña, sacudió ayer la totalidad del país es que se van conociendo los primeros daños directos pero todo lo demás es una incógnita. Y no solo porque nadie se atreve a predecir si habrá réplicas y dónde, ni tampoco si las medidas para devolver la calma y restaurar la normalidad -contenidas todas ellas en el artículo 155 de la Constitución- tendrán efectos inmediatos o, como es de suponer, llevarán un tiempo y una paciencia especialmente frágil.
Lo que sí se sabe es que apenas conocida la ilegal declaración de independencia de la Comunidad catalana, la prima de riesgo y la Bolsa subieron y bajaron, respectivamente, como primera consecuencia negativa que no solo perjudica a los siete millones y pico de residentes en Cataluña, sino a todos los demás hasta los cuarenta y tres millones de habitantes de España. Lo que demuestra, entre otras cosas, que los padres de la Constitución acertaron al señalar que la soberanía reside en todo el pueblo español y no solo en una parte, grande o pequeña.
Todo eso hace imprescindibles, aun a riesgo de caer en la reiteración, algunas reflexiones especialmente oportunas. La primera para preguntar a los nacionalistas gallegos -casi todos soberanistas, aunque con métodos y plazos diferentes para llegar a la independencia, que es el fin último de ese credo-, si excluyen de forma definitiva ese objetivo final en sus programas o de alguna forma lo mantienen aunque lo camuflen en la abstracción. Que, en opinión de quien escribe, suele ser una muestra de cobardía para no perder votos en unas elecciones.
No hace demasiados días se planteaba aquí la pregunta de qué harían los que tal pretendieran si en Galicia se diese la oportunidad aritmético/parlamentaria que tuvieron los insurrectos catalanes, y si estarían dispuestos a decirle a los gallegos y gallegas el modo de asumir el riesgo de ruina material que correrían todos los habitantes de este antiguo Reino en caso de seguir la misma senda que intentó abrir la Generalitat, y que lleva ya contabilizadas casi dos mil empresas en fuga, incluyendo las principales que, además, han dicho que no se plantean volver.
Es lo que hay, y lo que no impedirá por arte de birlibirloque y en una noche el artículo 155. Y los gallegos, como los demás países donde haya nacionalismos más o menos radicales, han de asumir la hipótesis, por remota que parezca, de que pase aquí lo de allí. O que los nacionalismos del otro signo -en Alemania, por primera vez tras Hitler, lograron 90 escaños- "resuciten" en una España que no merece ese peligroso crecimiento de extremistas. Tiempo para evitarlo hay: quizá lo que falte es la conciencia clara de que ese riesgo es real.
¿O no??
