Desde el pasado día 19, la crisis en Cataluña entra en una etapa de mayor incertidumbre. Tras la respuesta del presidente de la Generalitat al ultimátum dado por el Gobierno central de que aclarase si había declarado la independencia el día 10 (claramente insatisfactoria para el Ejecutivo), la réplica ha sido convocar un consejo de ministros extraordinario, donde se pondrán en marcha las medidas que activarán el artículo 155 de la Constitución, encaminadas a "reestablecer la legalidad" en Cataluña.
Todo ello, en un contexto en el que ya se aprecia el daño a la economía catalana, tras la inseguridad generada por el referéndum del día 1: marcha de más de un millar de empresas (a través del cambio de la sede social de las mismas, mayoritariamente), descenso del consumo (grandes superficies, ventas de coches, ocio nocturno), cancelaciones de viajes a uno de los destinos turísticos preferidos de la península, etc.
Las dudas aumentan por la reacción que pueda adoptar el bloque independentista. Dividido durante unos días (tras la continua fuga empresarial y la manifestación favorable a la unidad de España, en Barcelona), ha vuelto a cohesionarse con el encarcelamiento de los líderes de las plataformas secesionistas, Jordi Sànchez (Assemblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y después de que el Gobierno decidiera poner en marcha el artículo 155, lo que aumenta la presión sobre Carles Puigdemont para que declare la independencia. Se espera, por ello, un aumento de la tensión en las calles.
Ante esta situación, hay quiénes ven los días que faltan para la tramitación del 155 en el Senado como un margen para que las dos partes eviten el enfrentamiento final. Pero los hechos apuntan, hasta ahora, en sentido contrario.
