A principios de octubre de 1934, Pontevedra conoció al mismo tiempo la formación de un nuevo Gobierno presidido por Alejandro Lerroux y el proyecto de construcción de la Avenida de Campolongo, que acababa de incluirse entre las obras ministeriales para mitigar el paro obrero.
El diputado Isidoro Millán trasladó desde Madrid la buena nueva al alcalde Bibiano F. Osorio-Tafall, y precisó que su trazado suponía la apertura de la primera circunvalación de esta ciudad. El proyecto redactado por Bermúdez de Castro partía de la carretera de Marín y llegaba hasta la carretera de Ourense, tras pasar por el cuartel de Artillería y cruzar la carretera de Vigo. Tafall urgió al ministro la aprobación del proyecto y la subasta de la obra, pero tardó mucho en hacerse.
La noche del día 4 se produjo una gresca callejera delante del café Méndez Núñez por una discusión política y saltó el rumor sobre un inminente movimiento subversivo. El mal presagio tomó cuerpo veinticuatro horas después. Ante la declaración de una huelga general, el hallazgo de armas y explosivos en diversas poblaciones y la proclamación de la República Catalana, el Gobierno decretó el estado de guerra y actuó con contundencia.
El efecto más impactante en Pontevedra llegó a través de los soldados de Artillería con bayoneta calada en sus fusiles, patrullando calles y plazas con orden de disparar ante cualquier movimiento sospechoso.
La situación extrema se prolongó durante cinco días y sus noches, entre el 6 y el 10 de octubre. La clase obrera respaldó masivamente la huelga general, pero sus efectos resultaron mitigados por los controles militares, mientras que la población en general sufrió una enorme zozobra.
El pescado, la leche y el pan no faltaron ningún día. En general, la ciudad no estuvo desabastecida, pese a las coacciones que sufrieron muchas vendedoras de productos agrícolas y ganaderos, especialmente las lecheras.
El sub cabo de la Policía Municipal, Dionisio González, fue fulminado por el gobernador civil, acusado de presionar a algunas lecheras para cesar en su actividad cotidiana. Dolores Acuña se llevó la peor parte a causa de una pedrada y necesitó atención médica en la Cruz Roja.
Comercios, cafés y tabernas no cerraron sus puertas porque estuvieron atendidos por sus propietarios y familiares, pese a la ausencia masiva de los empleados. Particularmente los camareros se mostraron huelguistas muy activos.
Los escaparates de los almacenes Olmedo y Simeón pagaron los primeros platos rotos. Pero los causantes de los destrozos de las lunas enseguida fueron identificados y detenidos, seguramente por sus caras bien conocidas: Castor Pacheco Rey, de 43 años, camarero; Emilio Villar Rodríguez, de 25 años, metalúrgico, y Gerardo Fandiño Estévez, de 20 años, churrero.
Los huelguistas tampoco consiguieron bloquear el transporte, puesto que tanto los coches de línea como el tranvía a Marín funcionaron con cierta normalidad, en este último caso bajo el control de la marinería del Polígono Jaime Janer. Eso no evitó que un francotirador hiciera la tarde del 9 un disparo de escopeta sin ninguna consecuencia al paso del convoy por Ponte Molinos.
La noche del mismo día se repitió otro ataque fantasma en la carretera de Marín sobre un transformador eléctrico de la Hulla Blanca. El soldado de guardia repelió la agresión, pero nadie resultó herido. Igualmente se produjo un intento de sabotaje en la traída de aguas de la ciudad, y los disparos de los soldados ahuyentaron a los asaltantes.
La ciudad vivió aquel martes 9 las peores horas de la intentona revolucionaria, con disparos en las calles. No hubo muertos y esa fue lo mejor que pudo ocurrir. Al día siguiente trascendió el asalto a la imprenta La Popular, de Ramiro Paz Carbajal, donde se editaba el semanario socialista La Hora. Su maquinaría quedó inutilizada, al igual que el material existente.
El propio Paz Carbajal y Manuel García Filgueira, cabezas visibles de las agrupaciones socialista y comunista, respectivamente, fueron detenidos y acusados de "organizar la revuelta" en Pontevedra. Igual suerte corrieron los ex concejales depuestos Manuel Sanmartín Moreira, de Mourente, y José Gallego Acuña, de Salcedo, ambos socialistas radicales. Y tanto el local de la Agrupación Socialista, como la Casa del Pueblo, fueron clausuradas.
Los arrestos que comenzaron el mismo día de la proclamación del estado de guerra mermaron sin duda el alcance de la revuelta. Como un goteo implacable cayeron las detenciones de Serafín González Villar, de 46 años, y Celestino Solla Fián, de 43 años, ferroviarios; Manuel Fuentes Canales, de 33 años, empleado del Banco Pastor, y Javier Mosquera Trapote, de 23 años, empleado del Banco Español del Rio de la Plata, y un largo etcétera, todos ellos acusados de coacciones. Mourente fue la parroquia más castigada, con un total de trece vecinos procesados.
Las detenciones se multiplicaron en toda la provincia y enseguida llenaron las cárceles, de forma que los excedentes se trasladaron al pontón Minerva, del polígono de tiro Jaime Janer, fondeado en Marín.
La huelga se dio por concluida a partir del día 11, con la vuelta escalonada al trabajo de ferroviarios, eléctricos, tranviarios y bancarios. Curiosamente, los camareros se resistieron bastante, ante los despidos realizados por los propietarios de algunos bares.
Un gran homenaje a las fuerzas armadas y de orden público marcó el punto y final en Pontevedra a un mal sueño el domingo 4 de noviembre. Por iniciativa de la ejecutiva provincial del Partido Radical, con el apoyo expreso del gobernador civil, se abrió una suscripción popular en favor de "los defensores" de la ciudad, que superó las 150.000 pesetas en quince días.
Una lluvia infernal provocó a última hora la suspensión del desfile previsto por el centro de la ciudad, con salida y llegada al cuartel de San Fernando. Pero el Ayuntamiento acogió un acto oficial en honor de los jefes y oficiales de Artillería, Carabineros, Seguridad, Guardia Civil y Marina. Y luego se celebraron comidas especiales en los distintos acuartelamientos.
