¿Quién se atreve a abrir el melón del reparto del dinero de las comunidades autónomas con la crisis catalana sobre la mesa? Y más allá de eso: ¿Qué consecuencias tendrá en la asignación de fondos siguiendo el criterio de equidad y solidaridad que fija la Constitución en su artículo 138? Estas son algunas de las preguntas que planean en gobiernos autonómicos, que suelen mirar más sus propios intereses que los partidistas cuando se trata de negociar el dinero del que dispondrán para prestar servicios a sus ciudadanos.

La imposibilidad de negociar una nueva financiación autonómica (cuya revisión del modelo ya arrastra cuatro años de demora) parece ser una de las consecuencias de la crisis catalana que sí afectará al resto de territorios españoles. Un retraso de los presupuestos generales (o su prórroga), un escenario de negociación in extremis con el gobierno catalán o la posibilidad de que Mariano Rajoy convoque elecciones anticipadas son incertidumbres que juegan en contra de la siempre compleja negociación financiera.

Ya la decisión del gobierno del PP de aumentar los privilegios del País Vasco para arrancar el apoyo del PNV a los pasados presupuestos generales ocasionó tensión entre los miembros de la comisión de expertos sobre la financiación autonómica. Ahora, la posibilidad de apaciguar los ánimos en Cataluña a costa de más dinero, que solo podría hacerse recortando las expectativas financieras del resto de comunidades autonómas, y un régimen fiscal o de autogobierno diferenciado del resto de territorios, despertará nuevos recelos en el ya explosivo equilibrio autonómico.

El debate catalán afecta al núcleo mismo de la Constitución. El artículo 2 de la Carta Magna establece que esta "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

El principio de solidaridad queda concretado en el artículo 138, que consta de dos partes. La primera señala que "el Estado garantiza" que se cumple ese principio "velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular". En la segunda parte, la Constitución establece que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".

Por tanto, cualquier decisión que alterase ese espíritu de la Carta Magna debería pasar por una reforma del texto. También la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (30/1992) establecía en su redacción original que si bien cabe un "reconocimiento de la plural realidad organizativa constitucional", es necesaria la "creación legal de un marco común que garantice la igualdad de los administrados y la certeza de éstos de una actuación administrativa homogénea".

Así las cosas, las tensiones en Cataluña pueden acabar trasladándose a otros territorios, celosos de la defensa de sus propios intereses. El gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz ya ha sido uno de los primeros en revolverse.

El ejecutivo andaluz teme que se inicie una negociación bilateral con Cataluña a costa de recortes en la financiación del resto de comunidades que resucite la idea de "una España a dos velocidades". Según medios andaluces, el gobierno de Susana Díaz está dispuesto a "frenar el intento de establecer un régimen especial para Cataluña", aun conscientes de que no contarían con el respaldo de la dirección federal del PSOE en manos de Pedro Sánchez.

Los socialistas andaluces dan por hecho que una mejora económica a Cataluña tendría como compensación inmediata otra para Madrid (son las comunidades autónomas que más contribuyen al mecanismo de solidaridad), y temen que esa situación impulse la idea de "un sur pedigüeño que pone la mano". No obstante, Díaz se enfrenta también a su debilidad doméstica: imposible acordar con Podemos e IU en Andalucía y desconfianza sobre el PP. Y además, el PSOE andaluz teme que Pedro Sánchez esté dispuesto a ceder privilegios a Cataluña para dar oxígeno a un PSC que fue su aliado en la lucha fratricida del último año entre los socialistas. La consejera de Hacienda andaluza ya advirtió de que Oriol Junqueras dejó de asistir a las citas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, delegando en consejeros sin perfil económico, como mensaje de que rechaza negociar las cuentas catalanas en un marco compartido con otros territorios.

La incertidumbre que ha hecho irrumpir la batalla secesionista catalana puede acabar dejando en suspenso, de nuevo, la reforma de la financiación autonómica. Y. peor aún, arrojando sobre ella la duda de una España que renuncie a la solidaridad.