A partir de la idea de que, por definición, los nacionalismos lo que pretenden como fin último es el reconocimiento de su nación y que se la dote de todas las competencias posibles -la independencia también, pero los más inteligentes entre ellos ya no la sitúan, en los tiempos de la globalidad, como conditio sine qua non-, tiene su lógica que los de aquí se manifiesten contra lo que el Estado hace en Cataluña. Y hasta que el primero en solemnizar la posición haya sido, aparte el BNG, la facción que rige Martiño Noriega y que gobierna Santiago, la capital de Galicia.
No hay sorpresa porque desde hace mucho tiempo, Noriega pretende ser el primus inter pares de esa ideología para después tratar de sustituir a Beiras en la jefatura nacional de ese movimiento. Es una opinión personal y, aunque alguien pueda creer lo contrario, respetuosa con las ideas y las personas, aunque quizá le haya faltado algún detalle para eliminar sospechas; por ejemplo el de proclamar que el independentismo, como el nacionalismo, no es un delito per se. Y por lo tanto, como sabe todo el mundo, no es perseguido en España.
(Más bien al contrario. Algunos de ellos, especialmente el vasco y el catalán obtuvieron y obtienen beneficios políticos y monetarios -al contado o en especie- siempre y cuando cumpla, como los demás, las leyes que en cualquier Estado democrático, la ciudadanía se ha dado a través de los órganos correspondientes. Y que, caso de desacuerdo, habrán de ser cambiadas mediante cauces que los mismos nacionalistas exigen siempre que les conviene pero rechazan cuando lo creen perjudicial: un diálogo que permita la convivencia en orden.)
Lo anterior, que parece de Pero Grullo pero que en estos días quizá no estorbe, abunda en algo que de tan repetido aburre pero que aun así conviene por si convence algunos de que la clave de la solución de cualquier problema está en la Ley. Y de que su papel es imprescindible para impedir que una discrepancia, aun severa, se convierta en factor de tensión y después de choque. Hay algunos que atribuyéndose una representación que no tienen, ni electoral ni institucional -porque de ese asunto nada leyeron en sus programas los votantes- quieren crear en Galicia un problema que no existe. Y eso, como es medible, parece poco opinable.
Que la mera medición es un argumento irrefutable lo demostraría la última propuesta del BNG: convocar una serie de referendos vinculantes en cuanto los pida un tres por ciento del censo, una cifra que esa organización debe creer a su alcance para cumplir el objetivo de abrir una polémica que aquí la inmensa mayoría no quiere. Y, la verdad sea dicha, colocar en el tres por ciento la frontera para que casi todos tengan que aceptar la voluntad de casi nadie suena a pelín ridículo, pero en cualquier caso a muy escasamente democrático. Respetando el derecho del Bloque a pedirlo y esperando que acepte la opinión en contrario.
¿ No..?
