Los independentistas catalanes no tienen empacho en saltarse la ley, pero el Gobierno siempre está obligado a cumplirla; y enseguida se les llena la boca de quejas y denuestos cuando tienen dudas de su honradez o les interesa sembrarlas. Así ocurrió también el viernes tras la decisión del Ejecutivo de intervenir las cuentas catalanas para evitar que se destinen fondos a la consulta del 1-O (tomada, no se olvide, después de que Junqueras se negara a seguir informando semanalmente a Madrid de los movimientos de la Hacienda autonómica).
Aparte de la incongruencia que entraña anunciar pomposamente que darán la "batalla jurídica" en los tribunales de la UE (de la que quedarían inevitablemente excluidos si ganaran la independencia), resulta cuando menos contradictorio que quien no encuentra estorbo en declararse en abierta desobediencia a la ley de un Estado democrático (y se ampara en una legislación ad hoc para dar apariencia legal a su comportamiento sedicente) acuda a argumentos como los que expuso el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès.
Al "número dos" de Junqueras se le indigesta la "novedosa" fórmula de Montoro porque "se salta" la ley de financiación de las comunidades autónomas. No entiendo: ¿no habíamos quedado en que la razón de ser del "procés", en cuya recta final nos encontramos, es la superación de la etapa autonómica? ¿O es que los "indepes" tienen bula y pueden violar la ley para ir ganando el "Estat propi" pero mientras lo ganan tienen derecho a seguir acogiéndose a ella para ordeñar, como antaño, la vaca de Madrid? Corrijo: como antaño, no, como en los últimos cinco años: con la inestimable asistencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Aragonès también acusó a Montoro de "secuestrar los impuestos de los catalanes". ¿Cómo? ¿No aprobaron en julio los independentistas la ley de la futura Hacienda patria y llamaron a sus ciudadanos a tributar en Barcelona cuando en rigor aún son españoles (al menos, a efectos fiscales)?
Y por último, pero más importante: la decisión del Gobierno es "ilegal" porque no tiene "amparo legal". Y las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica sí lo tienen, ¿no? Pues sí: tienen el amparo de un Parlament insurrecto, que legisla sobre lo que no posee competencia para legislar y gracias a unos cambios en el reglamento de funcionamiento de la Cámara operados, también ad hoc, para aplastar las opiniones discrepantes.
Cuanto más se expurgan estas cínicas lamentaciones, más se tiene la impresión de que el Gobierno de Rajoy pilló el viernes al de Puigdemont algo falto de reflejos. Lo prueba la amenaza de acudir a la justicia europea, la justicia del bloque de países que señala a diario la puerta de salida para Cataluña si los soberanistas materializaran su ambición. Y lo de menos es que Aragonès solo vea en la estrategia de Montoro un truco para aplicar "por la puerta de atrás" el artículo 155 de la Constitución. Lo es, pero no tiene el aspecto de tarascada legal que presenta todo lo que legisla últimamente el Parlament, cuya ilegalidad no admite matices. Y además viene de Rajoy, que nunca va de frente.
"Es la economía, idiota". O mejor: "La pela es la pela". Nunca ha sido otra cosa, pero ahora es tarde para reconocer que empezó por eso. Si no, "amics", tendría arreglo.
La intervención de las cuentas catalanas pilla falto de reflejos al Govern
