Vigilar por aire, tierra y mar. Todo es poco para evitar que la actual costera del atún blanco o bonito del norte se convierta en un tour de force que signifique, realmente, una demostración de fuerza y poder como la que se puso en valor hace algo más de veinte años y que produjo un serio enfrentamiento entre las flotas boniteras de España, Francia y Reino Unido. Este enfrentamiento condujo al apresamiento del arrastrero francés La Gabrielle por embarcaciones del Cantábrico que lo condujeron al puerto de Burela.

Un avión y dos helicópteros (uno de la Secretaría General de Pesca, al igual que el avión, y el otro de la Guardia Civil) vigilan la costa cantábrica. Se refuerza de este modo el operativo de inspección de esa pesquería con el objetivo de comprobar que la misma se ajusta a la normativa de la Unión Europea.

Hasta aquí, todo correcto. El problema está en que el atún blanco está limitado en España para ser capturado por buques de cebo vivo y curricán, cuando los barcos franceses e irlandeses que faenan en aguas de la costa cantábrica emplean artes de arrastre pelágico, mucho más rentables pero menos selectivos.

El arrastre pelágico está permitido por la UE aún a sabiendas de que se trata de un arte que provoca un porcentaje de descartes muy superior al que la normativa comunitaria autoriza. En estos descartes figuran una mayoría cualificada de peces de tamaño pequeño quedando a bordo los de dimensiones superiores, con lo que se pretende no consumir cuota en exceso. Incluso se retiene pescado para el que el barco no dispone de cuota. Y esto, naturalmente, no resulta asumible para los boniteros españoles, hastiados de vigilancia, controles enfermizos y sanciones que llueven por todos lados y que, para colmo, se ven obligados a reducciones escandalosas de su capacidad de capturas.

Los nuevos medios permiten a quienes se responsabilizan de ellos una vigilancia de la actividad de los buques sin que estos la perciban y que la inspección sea prácticamente a tiro fijo, conocedores de las posibles infracciones cometidas, por ejemplo, en materia de descartes. Por si ello no fuese suficiente, queda la inspección en puerto de los desembarques que, supuestamente, no se va a producir exclusivamente en barcos de bandera española.

Otra cuestión es que España logre que la Unión Europea tenga en cuenta su propia normativa en cuanto al arrastre pelágico de buques no españoles para exigirles el cumplimiento de la legislación española, exigible asimismo a los barcos nacionales.