El líder del célebre grupo de comunismo tropical Podemos ha ido a Cataluña para apoyar la independencia de ese país, hasta ahora comunidad autónoma, al que España trata muy mal.
Ver a leninistas como Pablo Iglesias y a burguesotes del calibre de Puigdemont (antes Mas) remando a bordo de la misma barca podría invitar al asombro. Pero lo raro, en realidad, es que Iglesias no haya pedido ya la abolición del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, o IRPF.
Ese tributo de tan mala fama fue ideado, en efecto, para que las gentes de mayor poderío financiero pagasen más que las de bolsillo escuálido. Es un impuesto progresivo y hasta progresista en la medida que atiende a redistribuir la riqueza del país. Los ricos de verdad se las arreglan para no apoquinar lo que les correspondería, pero aun así, algo ayuda el IRPF a corregir desigualdades.
Sobra decir que los nacionalistas catalanes impugnan este principio. Su muy exitoso argumento a favor de la secesión es que Cataluña -así, en abstracto- paga mucho más que el resto de reinos autónomos a los que, al parecer, mantiene. Sostienen que, una vez que España deje de robarles, los catalanes disfrutarán de un nivel de vida todavía mejor, cobrarán más generosas pensiones y, si hay suerte, no tardarán en alcanzar los estándares de prosperidad de Dinamarca.
Sea esto cierto o una mera variante del cuento de la lechera, hay que admitir que los argumentos del independentismo son razonables desde una perspectiva egoísta.
Tampoco es menos verdad que si Alemania se hubiese acogido a esa misma idea -y con razones financieras mucho más poderosas-, la Unión Europea no existiría a estas alturas. Ni, por supuesto, los fondos de desarrollo regional, los de compensación y otros socorros con los que las naciones más prósperas de Europa contribuyeron a pagar las autopistas, los auditorios, los puertos y demás equipamientos de sus vecinos menos favorecidos del sur. Ese sur donde, curiosamente, está ubicada Cataluña, que tal vez se haya beneficiado algo de tales transferencias de capital.
Hay quien sostiene que Alemania, Holanda y los demás países donantes -entre los que ya se encuentra España- practicaron esta generosidad con el propósito de crear mercados para sus productos; pero el caso es que lo hicieron, cualquiera que fuese el motivo. Quizá una perspectiva más amplia que la puramente parroquial permitiría a los dirigentes secesionistas del Viejo Condado atisbar las ventajas de cuidar a sus propios clientes, aunque no más fuese por razones de egoísmo.
Lejos de eso, niegan el criterio de solidaridad interterritorial -o interestatal, en el caso de la UE- bajo el principio de que los que más ganan es porque lo valen. Y en consecuencia, no hay razón alguna para que repartan una pequeña parte de sus ganancias con aquellos a los que tildan de vagos. Es una opinión también muy extendida entre una buena porción de los ciudadanos de la Europa central y nórdica que, por fortuna, no comparten sus gobernantes.
Lo novedoso del caso catalán es que al nacionalismo, que siempre fue cosa de burgueses, se le hayan unido ahora los comunistas y hasta los antisistema. Solo es cuestión de tiempo que, entre todos, acaben por abolir ese IRPF que le quita a los ricos un pellizco del dinero conseguido con su esfuerzo para dárselo a los pobres, víctimas al parecer de su vagancia congénita. Este es un país de lo más original.
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