Es posible, aunque dado el nivel que tiene aquí el oficio político tampoco podría asegurarse, que uno de los malos momentos en la vida de los cargos públicos ha de ser cuando se confirman noticias que dañan de lleno los intereses de aquellos a los que representan. Y peor aún si se había advertido y denunciado sin que los avisos surtieran efecto o al menos provocaran reacción solidaria en aquellos que gobernaban cuando se inició el proceso y nada o poco hicieron para impedir los daños. Porque ese resultado indica poca credibilidad en el denunciante y/o impericia en el avisado.
La introducción viene a cuento de la confirmación por parte de la propia Unión Europea de que las denuncias que desde el sector pesquero gallego se hicieron hace 31 años -cuando España ingresó en la Unión Europea, con Felipe González como primer ministro- en el sentido de que las condiciones europeas maltrataban a la flota no solo eran ciertas, sino que suponían un intolerable agravio comparativo. Y también que la respuesta del Gobierno de Madrid, si es que se produjo, fue tan tibia que dejó las cosas como se habían impuesto desde Bruselas a pesar de la importancia estratégica indiscutible que la pesca tenía para el país.
Motivos para la sinrazón hubo varios, aunque ninguno abiertamente confesable por cualquiera que buscase mantener el poder, objetivo de un gobierno aunque no todos procedan del mismo modo. El principal era sencillo: obligado a escoger entre actividades, Madrid optó por otras -el olivar andaluz y catalán, las plataneras canarias y en general la agricultura- que sumadas en empleo y renta superaban a Galicia pese a ser una gran potencia pesquera. Por eso se aplicó el latino do ut des, que perjudica a unos para beneficiar a otros. Y viceversa.
El resultado de ello -y hay que insistir: reconocido por la propia UE- es el que acaba de publicarse en este periódico: que la flota gallega, por la escasez de cuotas, es la menos rentable. Y que se dan casos tan escandalosos como que Dinamarca, con un peso diez veces menor, tiene más capacidad de capturas, y por tanto de dinamización económica del sector, que España. Quizá ahora se entienda algo mejor que la actividad ilegal de algunos buques gallegos -inadmisible en cualquier caso- tenía otros motivos que la avaricia o la falta de profesionalidad.
Parece cierto que tampoco aquí cabe el "decíamos ayer" -con permiso de fray Luis de León- cuando se rechazaba el uso sistemático del "piove, porco goberno". Porque si alguien quiere entrar en un club debe aceptar sus reglas, entre ellas la quizá no escrita pero operativa de que los últimos en llegar no le quitan el sitio a los más antiguos. Pero si los gobiernos que en España han sido desde hace 31 años pecaron de algo es de mantener una situación injusta durante tanto tiempo, sobre todo cuando dispusieron de medios si no para resolverla de un plumazo, al menos para corregirla. Y ya se ve que ni flores.
¿Eh?
