Cuando se escribe esta columna, Junts pel Si y la CUP no habían presentado aún en el Parlament de Catalunya la ley de Transitoriedad Jurídica, más conocida como ley de ruptura, pero pensaban hacerlo, como así ha sido. Se despeja así la incógnita acerca de si Esquerra y el PDeCAT acatarían la exigencia de los anticapitalistas de disponer mucho antes del referéndum de una norma a aplicar en caso de la victoria del sí. Pero de hecho es lo único que quedaría claro, habida cuenta de que es obvio que una ley así sea recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Madrid y parece bastante lógico que el alto tribunal admita a trámite el recurso, con lo que sus preceptos no contarán con rango legal alguno.
En España, por supuesto, pero en esta paradoja permanente en la que estamos metidos desde que se puso en marcha el proceso soberanista la normativa legal en la que se mueve el Parlament con sede en Barcelona, igual que todos los demás con ámbito autonómico que existen en el país, es el regido por la Constitución de 1978 mientras esta no cambie. El Partido Socialista Obrero Español había anunciado que haría ayer una propuesta destinada a resolver ese problema, con un cambio sustancial probable de la carta magna como vía más eficaz de arreglo, pero como el PSOE se limitó a aplazar el contenido de su receta nos quedamos donde estábamos. Con el hecho de que la paradoja toma ahora cuerpo mediante una ley de ruptura que no será legal más que en la medida en que esa ruptura se produzca. Las pescadillas que se muerden la cola lo tienen más claro.
La tragedia de los atentados yihadistas de Cambrils y, en especial, de Barcelona hizo pensar durante unos pocos días que la evidencia de los problemas verdaderos podría llevar a que Junts pel Sí diese un golpe de timón conduciendo el proceso soberanista hacia aguas más compatibles con lo que es esa única legalidad imperante hoy en España. Incluso hubo algún que otro comentarista político catalán que predijo pasos importantes en ese sentido. Pero el disparate de los pitos al Rey y al presidente del Gobierno durante la manifestación de Barcelona ha hecho que se vuelva de inmediato a la situación anterior al 17 de agosto, tal y como querían por otra parte los promotores de los gritos y las pancartas de protesta.
El presidente Puigdemont pidió de inmediato algo lleno de sensatez: que no se magnificasen los pitos. Pero en términos de magnificación, presentar la Ley de Transitoriedad Jurídica va mucho más allá de las orquestaciones un tanto pueriles. En particular por esa contradicción fácil de detectar entre lo legal y lo ilegal, cuando nada menos que el gobierno de una de las principales instituciones españolas, la Generalitat, no está dispuesto a acatar lo que dicen de hecho las leyes. Así que la ley de ruptura tiene un propósito nada legal en sí mismo sino de signo populista. Mucho más representativas del Estado.
