La salida de Reino Unido de la UE coloca a la pesca gallega ante el mayor desafío que haya afrontado en los últimos treinta años. Entonces, con la anexión de España a la antigua Comunidad Económica Europea (CEE), nuestra flota quedó relegada a las últimas posiciones: las prioridades de negociación fueron otras y el sector tuvo que conformarse con pequeños porcentajes de cuota en especies como el gallo (rapante) y el rape. Fue la desaparición de la afamada flota de los 300 de Gran Sol. El riesgo ahora es que Madrid vuelva a postergar la pesca y deje en situación de inseguridad jurídica, cuanto menos, a 140 barcos y 1.800 tripulantes.

Londres dio la pasada semana una pista de cómo aspira a reorientar su política pesquera cuando salga de la UE, abandone la Política Pesquera Común (PPC) y extienda su soberanía hasta las 200 millas. Dará acceso a sus aguas a "algunos países", pero lo hará con sus condiciones y bajo su control. Será el Gobierno británico quien decida qué, dónde y quién faena en cada pesquería.

La flota gallega está integrada en la Alianza Pesquera Europea (EUFA) y es conveniente que siga siendo así. La organización representa también los intereses de los armadores de Suecia, Polonia, Holanda, Francia, Irlanda, Alemania, Dinamarca y Bélgica. No es baladí la advertencia de los armadores gallegos, que previenen de que la estrategia de Downing Street pasa por resquebrajar la unidad europea enfrentando a los países. Londres sabe que podrá elevar el coste por acceder a sus aguas si los Estados pelean por separado, dando músculo a la -aquí perniciosa- ley de la oferta y la demanda. Pero la negociación será eminentemente política y conllevará contrapartidas, como todos los procesos similares. Y para Galicia, la pesca no puede ser en modo alguno moneda de cambio.

La unión del sector de cara a una negociación con Reino Unido es perfectamente compatible con una estrategia férrea e inteligente por parte de Madrid, consciente de que los mismos aliados que tiene ahora el sector son los que, antes de 1986, se declararon como regiones altamente dependientes de la pesca para elevar al máximo sus posibilidades de capturas. Era la primera vez que Europa diseñaba una política común, que pasaba por renunciar a la soberanía nacional sobre sus aguas. A España y Portugal solo le quedaron los restos. Los primeros en repartir (sobre todo Dinamarca, Francia y Holanda) aprovecharon legítimamente la oportunidad que se les brindó; España, llegó tarde.

Ahora, solo un Gobierno decidido a hacer valer la importancia de lo que la pesca supone para Galicia podrá revertir lo que se consumó hace tres décadas y, de paso, apuntalar las pretensiones de la Consellería do Mar. Desde la Xunta confían en que la negociación del Brexit sirva para corregir el criterio de reparto que se fijó entonces, denominado como el de estabilidad relativa, y mejorar las posibilidades de pesca de la flota que más ha reducido su capacidad desde entonces. Una tarea ardua porque los demás países que integran la PPC no están dispuestos a cambiar ni una coma de aquel acuerdo. Pero al menos el Brexit da ahora esa oportunidad para las aguas de Gran Sol y Malvinas.

No será fácil. Sobre el Gobierno de Theresa May pesa mucho la presión que ejercen los nacionalistas escoceses, los liberales y la masa social que respaldó la escisión de la UE. Los "halcones" británicos quieren ver fuera de sus aguas a la flota europea. Por tanto el último mensaje aparantemente "aperturista" de Londres aún puede mudar durante el periodo transitorio de dos años que resta hasta que en marzo de 2019 se consume la escisión.

Pero la realidad es que la economía del Reino Unido no está preparada para faenar y transformar todo el pescado de sus caladeros, como ha admitido el propio ministro de Medio Ambiente, Michael Gove. España, Vigo sobre todo, sí. En su gran área metropolitana se concentra la mayor mancha de industrias transformadoras de proteína marina de toda la eurozona, y es la urbe europea con mayor peso pesquero. Pero necesita materia prima de la que nutrirse. Madrid debe tenerlo claro. Porque bajo ningún concepto, la flota gallega puede ser de nuevo injustamente penalizada.