Desde el respeto que inspira la libertad de criterio que exhibe el Colegio de Médicos de Pontevedra, y la indudable expresión crítica en diferentes aspectos profesionales de la política sanitaria, admitirá su presidente que, en opinión de quien la escribe, de cuando en vez peca de alguna ingenuidad. Cierto que no afecta al fondo de unas cuantas de las cuestiones que plantea, pero provoca un cierto escepticismo sobre otros puntos de vista especialmente aparentemente acertados y a buen seguro, también oportunos.
(Conste que esa referencia concreta a la ingenuidad se fundamenta en una hipótesis real: que el proyecto de Ley de Saúde del Sergas permita la contratación de profesionales "a dedo". Y es que, aunque fuere así, sorprenderse a estas alturas de que la Administración, en general, disponga de esa mecánica más o menos camuflada parece una desconexión con la realidad que nadie debería permitir ni permitirse. Como tampoco debió tolerarse el silencio casi generalizado ante el disparate de obligar al personal a jubilarse a los 65 años.
Es verdad que no puede imputarse al colegio pontevedrés el "tragar y callar" ante esa política, como tampoco acusar a la actual Consellería. Pero el hecho es que se vulneraron derechos adquiridos y que el forzoso relevo dañó los intereses de miles de pacientes; eso se puede llamar de muchas maneras pero no de "favorable para la salud pública". Al menos desde el punto de vista de muchas asociaciones, partidistas o independientes, de toda Galicia. Que tenían razón: por eso la Xunta rectificó a medias.)
Es evidente que la Lei de Saúde, como cualquier otra, suscita opiniones encontradas y no convence a todos por igual. Pero también que los reparos que, al menos los publicados, que le ha opuesto el Colegio Médico pontevedrés no parecen lo suficientemente graves como para hablar de una "enmienda a la totalidad" que, por otra parte y dada la situación aritmética en el Parlamento, sería perder el tiempo. Sobre todo si dibuja "miedos competeciales" de pérdida de clientela. Dicho sin maldad.
Añadido casi como moraleja, convendría que la Xunta intensificase los diálogos con los Colegios Profesionales antes de adoptar decisiones que les afectan, y que los organismos asociativos procurasen ceñirse a todo en aquello de lo que entienden de verdad a la hora de ejercitar su legítimo derecho a discrepar. Y, por otra parte, que se pongan de acuerdo, al menos los del mismo ramo, en lo que comentan. Siquiera para evitar apariencias interesadas y malentendidos. ¿No?
