El profesor Alejandro Nieto - catedrático del Derecho Administrativo ya jubilado, estudioso y buen conocedor de la Administración Pública española- escribe frecuentemente sobre jueces y justicia. No suelen agradar sus escritos a algunas conciencias adormecidas por el anestésico confort de ciertos despachos; pero es esa capacidad de incomodar a los acomodados razón más que suficiente para leerle. Podrá algún lector no compartir la integridad de sus juicios y poner reparos a ciertas aristas especialmente cortantes, pero es de justicia reconocer las verdades que proclama. Por eso creo que la lectura de sus libros es saludable. Dice en voz alta lo que en voz baja circula entre togas y despachos; y puesto que unos, por indolencia, callan, y otros, deseosos de altos vuelos para sus vuelillos, cultivan una farisaica reserva - para gozoso usufructo de aquellos a los que ese mutismo conviene-, bueno es que alguien tome la palabra para que, a causa de los unos y los otros, no quede sin barrer la casa judicial.
Alejandro Nieto conoce el paño, sabe de lo que habla y viene reflexionado desde hace tiempo sobre lo que dice. Aguijonea, y eso molesta; pero visto el paso del tiempo, parece que lo hiciera sobre quienes viven en la modorra del propio bienestar o que, sin tortícolis de conciencia, hace tiempo miran hacia otro lado. El propio Nieto lo sabe cuando señala con el dedo a quienes no le leerán o que, haciéndolo, no se sentirán aludidos por lo que él denuncia. Ocurre así con frecuencia. Los hay que puestos delante de un espejo, su engreimiento esponjoso les impide reconocerse en la imagen real -insustanciales y pedestres- que de ellos se refleja.
Hace unos años, el profesor Nieto publicó el libro El malestar de los jueces y el modelo judicial. En él aparece la crónica, diagnóstico y balance del estado de indignación judicial del que fue expresión la huelga de 2009, estallido final de una purulenta acumulación de descontento fraguado durante años de desaire. El libro trataba de llamar la atención, no propiamente sobre la reacción de los jueces, escenificada con aquella huelga, sino sobre las causas que habían llevado a tan insólita forma de protesta: el malestar de la judicatura por el "maltrato normativo y gestor" de la carrera judicial y por la degradación del actual sistema judicial.
Pero aquella crónica del malestar judicial tiene un suma y sigue que podría abrir nuevos capítulos del citado libro. En efecto, otras manifestaciones del descontento y malestar judicial están aflorando a los comunicados de las asociaciones judiciales e inflamando los correos corporativos. Se percibe un runruneo trémulo: es la agitación presísmica de una carrera judicial cansada de no ser oída.
Recientemente, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha abogado aquí en Vigo, por un pacto de Estado en educación, financiación, sanidad y pensiones. Se ha olvidado, pese a ser una reivindicación insistente de las asociaciones judiciales, de la necesidad de un pacto de Estado sobre Justicia. Aunque acostumbrados, estamos también cansados - y dolidos- de ese reiterado y agravioso olvido de algunos políticos. Y en su defensa no se invoque el contexto en el que hablaba (Círculo de empresarios), pues me consta que a estos preocupa mucho, y con razón, el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Hace algunos años, un diputado del Partido Popular, me reconocía abiertamente que justicia no vendía, que vendían más sanidad y educación. Es ese nefasto espíritu mercantilista de algunos políticos para los que el voto del ciudadano es moneda de cambio (aunque luego poco o nada cambie) y se busca lo que "da votos", lo que asegura la permanencia en el poder. Y no quieren enterarse de que ese desinterés por las necesidades de la Administración de Justicia revela indiferencia por los derechos de los ciudadanos. Lo he dicho otras veces; a algunos solo les importa el ciudadano en cuanto votante y contribuyente -la urna y la hucha- y no como justiciable a cuyo servicio debe articularse un sistema eficaz y moderno que ampare sus derechos.
El ciudadano medio no es consciente del notable esfuerzo a que jueces y fiscales - personal judicial en general - se ven abocados por causa de las carencias estructurales de los tribunales de justicia, estado de cosas que se erige en verdadero impedimento para realizar un trabajo de calidad y eficacia. Recientemente, las cuatro asociaciones judiciales, han elaborado una lista de catorce medidas necesarias para la mejora de la Administración de Justicia. Diez se refieren a su modernización e independencia; las cuatro restantes a condiciones profesionales. De las primeras, algunas son viejas reivindicaciones largamente desatendidas y, por consiguiente, aún sin resolver. Se refieren al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial, nombramiento de altos cargos judiciales, plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público que asegure calidad y rapidez, esfuerzo inversor para hacer posible la modernización de la Administración de Justicia, incremento del número de jueces para equipararlo a la media europea, racionalización de la planta judicial, dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción.
En la raíz del malestar de los jueces está, por decirlo con palabras del propio Alejandro Nieto, la constatación de que "son servidores de una Administración de cuyo desgobierno se les hace socialmente y legalmente cómplices; y por si esto fuera poco, desprotegidos y hasta utilizados como chivos expiatorios por los verdaderos culpables del desgobierno."
Los calores estivales presagian la atmósfera de un otoño caliente.
*Magistrado de la Audiencia Provincial en Vigo
