Decidido a desconectar a Cataluña del resto de España como si fuese una central eléctrica, el Parlamento autónomo aprobó la pasada semana un Código Tributario para cobrarles a los catalanes los impuestos que ahora les inflige la Hacienda de Montoro. En este deseo de expoliar a los ciudadanos se entrevé la rotunda españolidad de los independentistas. Aquí todo el mundo quiere cobrar sin distinción de nacionalidades.
No es probable que el ministro Montoro se avenga a dejar de pasar la minuta del IRPF, con lo que el contribuyente avecindado en Cataluña va a tener un problema. Dos gobiernos quieren meterle la mano en el bolsillo y solo le quedará la opción de elegir a cuál de ellos le entrega sus tributos.
También podría ocurrir que, puestos en la tesitura, los afectados decidiesen no pagar a ninguna de las dos administraciones que aspiran a ordeñarlos. Esa sería una posición neutral -o equidistante, por usar un término en boga- que, sin embargo, no tiene demasiadas posibilidades de prosperar.
Infelizmente, la experiencia sugiere que Hacienda, como la fornicación, no tiene enmienda. Si uno se niega a pagar o simplemente se hace el distraído, será perseguido hasta el catre por la Agencia Tributaria, según pueden constatar Messi, Cristiano y otros expertos en el regate a pie de campo.
Está por ver el celo que pone en esa labor la nonata -y en todo caso novata- autoridad fiscal de Cataluña, que tal vez ofrezca rebajas y descuentos al contribuyente para así ganarse la simpatía del personal. Nada le costaría a la Generalidad, salvo tal vez la ruina, bajar los tipos impositivos de la renta y el IVA como primera medida con la que hacer notar las bondades de la separación. Es lo bueno que tiene la competencia, aunque sea entre un Estado y una Comunidad Autónoma con aspiraciones de serlo.
Se trata, en todo caso, de un mal comienzo para cualquier nación que aspire a ejercer su soberanía. Si la primera noticia que sus ciudadanos tienen de un nuevo Estado es la llegada de recibos al cobro, difícil será que no piensen que todo ha cambiado para que todo siga igual.
En este sentido, los reinos autónomos funcionan con cierta ventaja en España. El ciudadano percibe que la sanidad, la educación y en general las inversiones son cosa de Generalidades, Xuntas y Juntas. El necesario abordaje a los bolsillos para pagar todo eso corresponde, sin embargo, al Gobierno estatal, que ejerce el papel de madrastra antipática a ojos del pueblo.
Es natural. Esto de los tributos es lo que realmente identifica a un Estado, como en su momento sucedía con los señores feudales y eclesiásticos que, más modestamente, se limitaban a exigir un diezmo a sus siervos. Cualquiera se daría hoy con un canto en los dientes si solo le pidieran un diez por ciento de sus ganancias, en lugar de tener que trabajar para Hacienda hasta finales de junio de cada año.
Quizá no hayan advertido este detalle quienes aspiran -con razón o sin ella- a crear nuevos Estados. A fin de cuentas un Estado es en esencia una organización que asume el monopolio de asuntos tan desagradables como las armas, las drogas y sobre todo los impuestos, en directa competencia con la Mafia.
Naturalmente, resulta algo quimérica la idea de que Cataluña o cualquier otro territorio de Europa vaya a independizarse; pero quién sabe. Por si sí o por si no, los catalanes deberán pensar a quién le pagan en el entreacto.
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