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Joaquín Rábago.

Difícil reparto

Se recuerda hoy por su irresponsable optimismo aquella frase que pronunció Angela Merkel sobre la capacidad de su país para acoger a las decenas de miles de refugiados: "Wir schaffen das". "Lo conseguiremos", dijo la canciller alemana, que no pudo imaginarse entonces lo que se le echaba encima en su propio país y sobre todo la fuerte resistencia que encontraría entre sus socios a un reparto de aquella carga humana.

La llegada masiva de refugiados tanto políticos como económicos a nuestras costas ha puesto desde entonces duramente a prueba la solidaridad de los países europeos y ha demostrado el egoísmo de la mayoría.

¿Cuántos miles de cuerpos se ha tragado desde entonces el Mediterráneo y cuántos se seguirá tragando mientras los gobiernos y el Parlamento europeo discuten sobre cómo poner fin a esa tragedia diaria?

Lo que en 2013 se presentó a la opinión pública como un gran acuerdo -el Dublin III- que determinaba qué Estado miembro era el responsable de examinar la solicitud de asilo, hace agua por todas partes.

Y desde hace un año, la Comisión y el Parlamento Europeos trabajan en una revisión del sistema de Dublin para ver si es posible superar los egoísmos nacionales, que impiden el reparto equitativo de quienes llegan a Europa huyendo de la miseria o de las guerras. Según la presidenta del grupo ecologista en el Parlamento Europeo, la alemana Ska Keller, la reforma se ha convertido en una "gran batalla" entre el Parlamento y el Consejo europeos.

Mientras que el Parlamento exige un sistema de asilo más orientado por el principio de solidaridad, el Consejo no consigue acordar un reparto más justo de la responsabilidad entre los Estados miembros y lleva, según la eurodiputada, al sistema de Dublín a un "callejón sin salida".

En el Parlamento parece haber una mayoría interpartidista partidaria de una reforma radical de los mecanismos de Dublín para permitir la distribución de los refugiados entre todos los países miembros con independencia de cuál sea el primero que pisaron. La Comisión Europea parece, por el contrario, según medios alemanes, querer endurecer la llamada convención de Dublín, que establece que es el Estado al que primero llega un refugiado el que debe dar curso a su petición de asilo.

Y sólo cuando el sistema de asilo del país receptor se vea superado al tener que tramitar más de un 150 por ciento de los procedimientos de asilo que le corresponderían en el reparto, deberían sus socios acudir en su auxilio. La Comisión pretende limitar el derecho del refugiado a que se atienda su petición de asilo en el país en el que se encuentre en un momento determinado y no en aquel por el que entró en Europa.

Quienes solicitasen protección en un país distinto del primero que pisaron, aunque fueran menores, quedarían excluidos de los servicios que debe ofrecer a los refugiados el país receptor.

El Parlamento quiere, por el contrario, aumentar los derechos de los refugiados, permitiendo que quienes han pasado algún tiempo en un país distinto del de su llegada a Europa o tengan en él familiares puedan continuar allí porque todo ello facilitaría su integración.

La Comisión ha propuesto por otro lado que un país pueda liberarse de su obligación de acoger a un refugiado pagando 250.000 euros por cada uno que rechaza mientras que el Parlamento quiere, por el contrario, que se le castigue recortando o eliminando las ayudas que recibe de Bruselas. El problema, según la jefa del grupo ecologista en el Parlamento europeo, es que el Consejo Europeo, es decir los jefes de Gobierno de los países socios, tampoco logran ponerse de acuerdo.

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