Mientras corren las fechas del calendario hasta el anunciado referéndum unilateral de independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre, este se sigue cobrando víctimas políticas en el Govern secesionista.
En vista de que la sofisticada estrategia del Gobierno central empezaba a surtir efecto (en cuanto a las posibles responsabilidades patrimoniales en las que incurrirían los consellers del Govern que firmaran decretos contrarios a la ley para llevar a cabo el referéndum), el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decidió que su Ejecutivo no podía ofrecer fisuras y sustituyó a los responsables gubernamentales que no estaban dispuestos a llegar hasta el final, una vez se apruebe la Ley del Referéndum (previsiblemente, a principios de septiembre).
Así, consellers "tibios" como el exresponsable de Interior, Jordi Jané, o la de Ensenyament, Meritxell Ruiz, han dado paso a miembros "duros" de la coalición Junts pel Sí, como Jordi Turull (que sustituye a Neus Munté en Presidència y como portavoz? probablemente con la voluntad de tenerla "en la reserva", como hipotética líder futura del PDeCAT o como candidata a la Alcaldía de Barcelona) o Joaquim Forn, hombre de confianza de Xavier Trias en Barcelona y nuevo responsable de Interior.
Esta "purga de moderados" puede obligar a revisar los planes de La Moncloa, en el sentido de elevar la presión hacia niveles más duros (sea recurriendo al artículo 155 de la Constitución o aplicando la Ley de Seguridad Nacional). Pero, evidentemente, esta vía tiene unos riesgos mayores que la estrictamente judicial. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el PP, política y sociológicamente, es un actor irrelevante en Cataluña. Lo que sí está claro es que veremos nuevos giros en esta obra.
