El globo sonda lanzado por el diario "El País" acerca de la estrategia que piensa seguir el Gobierno de Rajoy para poder frenar el referéndum catalán incluye un cambio interesante. Si hasta aquí era el artículo 155 de la Constitución el que se apuntaba como instrumento mejor, ahora se trataría de elevar ante el Constitucional un recurso contra la ley que quiere dar paso a la desconexión respecto del aparato jurídico del Estado, y centrar ese recurso en lo establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña. Hay otras normas superiores incompatibles con el proyecto de secesión catalana, desde los preceptos de las Naciones Unidas sobre la independencia de nuevos territorios a la propia Constitución española, pero referir los agujeros legales de la ley de ruptura a lo que es hoy el máximo referente legal dentro de Cataluña supone una forma nueva e inteligente de plantear el conflicto. Qué duda cabe de que, si el Govern de Puigdemont está por declarar la superioridad jerárquica de la ley que sustentaría su proyecto de independencia sobre cualquier otra norma del Estado, también prevalece esta frente al Estatuto catalán. Pero echar en cara a la Generalitat que ni siquiera toma en cuenta su propia normativa legal es una baza considerable, mencionada en multitud de editoriales y artículos de opinión y asumida ahora, según parece, por el Gobierno de Madrid.
Hay sin embargo una diferencia esencial entre aplicar el artículo 155 de la Constitución y acudir al Constitucional con el Estatuto de Cataluña como referencia. La que existe entre el recurso ante los tribunales, el preferido durante todo el largo camino de desavenencias por Rajoy y sus ministros, y las acciones ejecutivas que se derivarían de suspender, en parte al menos, las competencias autonómicas. La primera opción deja en el aire la necesidad, que llegará pronto o tarde, de actuar habida cuenta de que la Generalitat puede limitarse a ignorar lo que el Tribunal Constitucional determine. Cosa que haría invocando esa superioridad jerárquica que se autoconcede la ley de desconexión.
En el fondo estamos, pues, como antes: en espera de lo que el Gobierno de Rajoy piensa hacer en el caso nada improbable de que el presidente Puigdemont opte por la desobediencia. La necesidad de dar un paso más allá del simple recurso judicial es cada vez más urgente y, en términos políticos, incluye la alternativa de ofrecer a Cataluña un cambio -constitucional incluso- respecto de las condiciones de su relación con el resto del Estado. Ese cambio, que habría sido muy poco traumático hace un par de años, se vuelve ahora más difícil con cada mes que pasa. Con una paradoja tirando a pintoresca. Una nueva Constitución que diese pase a un Estado federal, o a lo que sea que se le acerque, deberá ser sometida a un referéndum. También en Cataluña. Llegado ese momento, será cosa de valorar si todos los palos de ciego que hemos dado hasta ahora tenían alguna justificación.
