A estas alturas, cuando hablar de investigación -en España y en Galicia- es equiparable a hacerlo de recortes y descenso en el ránking de prioridades, modificar el discurso inversor y condicionarlo a sus resultados y a la obtención de fondos por sí misma -que se suponen privados- parece casi una boutade. Porque si se limita la aportación pública a los inicios de la tarea equivale casi a dejar en la indigencia a la fase media y por tanto pone en peligro la parte final, la que condicionará la obtención o no de los recursos que se soliciten.
Es una opinión por supuesto, que no debiera considerarse hostil a la necesidad de que el sector privado colabore en todo aquello que pueda beneficiar a la sociedad y por tanto también a los fines lícitos de los negocios. Pero hay márgenes que deberían cubrirse con algo más de claridad o acaso un poco menos de prudencia en la formulación. Para no dar lugar a malos entendidos que desemboquen en conflictos sociales y a veces desequilibrantes para la pax académica deseada.
Y como primer aviso ya han aparecido solicitudes de apoyo desde el mundo científico para que se asuma una política que tenga en cuenta la realidad y no solo los deseos de quienes administran los bienes comunes. Que a veces estos explican en base a las estadísticas, sin pensar demasiado en el nivel de conocimiento de la gente del común e incluso de aquellos cuyos ánimos se pretende calmar. Con resultado negativo las más de las veces, dicho sea de paso.
Es indiscutible, y ha de insistirse en ello, que el dinero público no puede, aunque quizá debiera, cubrir todas las necesidades que genera la investigación, y que en ese sentido esta actividad debe buscar -y encontrar- fondos privados que serán los primeros en beneficiarse del éxito y los descubrimientos. Pero habrá de hacerse en una fase en la que no se restrinja la propia capacidad de investigar, que es lo que se deduce de la noticia que este periódico acaba de publicar. Y eso no es agradable.
Resulta evidente que la investigación en Galicia no ha sido una de las prioridades que los presupuestos autonómicos han periodizado en tiempos de crisis, pero parece justo reconocer que tampoco en los de bonanza este país se caracterizó por la generosidad en la materia. Es un error condicionar ahora su consecución de una forma tan drástica, aunque doctores tenga la iglesia de los políticos que no lo saben valorar mejor. Pero quizá deberían fijarse y atender con más cuidado a la opinión de los diáconos.
¿No?
