Como es bien sabido, la crisis económica en España generó un efecto negativo sin parangón en dos variables fundamentales, como son el empleo y la recaudación fiscal. En particular, la caída de ingresos públicos afectó a todos los niveles de gobierno, incluyendo la Seguridad Social. Pero la capacidad para amortiguarlo ha sido muy diferente. Las Corporaciones Locales recortaron su abanico de gastos, en la mayoría de los casos en funciones no obligatorias según la ley y obligados por la normativa estatal en este frente; e incrementaron sus ingresos tributarios, de nuevo por modificaciones obligatorias a escala estatal. En contraste, las Comunidades Autónomas no han podido dejar de prestar los servicios, al tiempo que su margen real para incrementar ingresos por tributos propios o cedidos era reducido. Además, las transferencias desde el nivel central (anticipos e ingresos a cuenta por los tributos autonómicos gestionados por la Agencia Tributaria, fondos de convergencia, Fondo de Compensación Interterritorial?) se han comportado de manera poco expansiva desde 2010.
La mayoría de los expertos coincide en que la crisis ha acentuado el desequilibrio entre las competencias de gasto y las fuentes de ingresos de las CCAA. En comparación a la administración central, el ajuste exigido ha sido significativamente mayor. Por eso motivo, la reforma del sistema debería traducirse en una mejora global de la suficiencia autonómica. Pero en esa mejora hay que tener en cuenta dos cosas.
La primera es que a la Administración central tampoco le sobran recursos. De hecho, al conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas les faltan recursos porque el sistema tributario es incapaz de proporcionarlos. Los problemas en su diseño, el fraude fiscal y las diversas bonificaciones y ventajas fiscales existentes explican el resultado y reclaman una reforma en profundidad que proporcione una mayor recaudación, haga que paguen los que hoy defraudan, y los que contribuyen menos de lo que deberían gracias a ventajas fiscales discutibles vean alterada la normativa tributaria que hoy les favorece. En definitiva, la mejora en la suficiencia autonómica debería ir de la mano de la reforma fiscal en profundidad que hemos estado soslayando desde finales del siglo pasado.
La segunda cuestión a tener presente es que el incremento de recursos de las CCAA no puede venir de la mano de transferencias. No podemos seguir abonando la cultura de la irresponsabilidad fiscal y las expectativas de que siempre es posible obtener más recursos sin tener que asumir los costes políticos asociados a los tributos. Lo que toca es darle más espacio fiscal al nivel autonómico de gobierno. Es una cuestión de más cañas no de más peces.
Finalmente, nunca hay que perder de vista que podemos gastar mejor. Si dejásemos de hacer cosas con escasa rentabilidad social o las hiciésemos de otra manera, tendríamos más dinero para destinarlo a fines en los que las carencias son más evidentes.
*Director de GEN (Universidad de Vigo)
