A partir de la idea, metafórica, de que cada pastor tiene el derecho de cuidar su redil y, por lo tanto, a defender los que cree intereses irrenunciables, no serán muchos los que entiendan la huelga de los empresarios afectados por los futuros cambios del transporte de pasajeros que ha anunciado la Xunta. Especialmente aquellos que aún tienen en vigor los contratos que en su día firmaron con la administración para cubrir esos servicios -que, por cierto, no cumplen- en un número bastante elevado de líneas.
La razón de la huelga -que daña sus intereses-, y el aviso de que acudirán a los tribunales y tratarán de paralizar la aplicación del plan gubernamental, padece un defecto clave: la reacción debió formularse en orden inverso, porque anticipar la fuerza a la ley es siempre contraproducente en un Estado de Derecho. Y más todavía cuando la situación de partida es la de un incumplimiento de facto, denunciado entre otros por el presidente de la FEGAMP, que perjudica a no pocos concellos.
La circunstancia deja a esos empresarios con las calzas al viento y en una posición del todo desairada. Porque en la práctica, privar a muchos ciudadanos gallegos -sobre todo del rural remoto- de servicios indispensables es una desfachatez que llega al desafío frontal cuando se acompaña de huelga y amenaza con los tribunales. Claro que la Xunta es, en parte, culpable también por haber contemporizado con el incumplimiento y con sus autores, los concesionarios de líneas no atendidas.
En todo caso y quizá porque no hay mal que por bien no venga, la huelga del transporte puede ser un elemento positivo. Primero, para que se remedie de una vez el aislamiento fáctico de extensas zonas de la geografía del país. Segundo, para que no se concentre todo el esfuerzo en el AVE o el corredor de mercancías del atlántico, ambos imprescindibles, pero que han de dejar margen para otras necesidades urgentes, a la vez, de que no se concentre toda la atención en ambas.
Y es que algo así supondría un error que agravaría aún más la dificultad para vertebrar un país como este, con la amenaza de partirse en dos, uno interior, empobrecido y casi aislado, y otro litoral, "rico" en términos comparativos. Y para evitar ese resultado, malo para todos porque implicará una mayor pérdida de población en el rural, ha de contemplarse un proyecto serio de transporte público. Pero mientras llega, la eventualidad de quedarse de brazos cruzados sería la peor de las hipótesis; por eso habrá que aceptar los parches -sobre todo cuando tratan de paliar el egoísmo de algunos-. Siempre que no sean ad calendas graecas.
Claro.
