Desde el pasado mes de abril el servicio de rescate marítimo de la Consellería do Mar está en precario, como consecuencia de la venta a finales de 2012 de los dos helicópteros (Pesca 1 y Pesca 2, con base respectivamente en Vigo y Celeiro) que la misma Consellería había adquirido en 2005, con Manuel Fraga como presidente de la Xunta y Enrique López Veiga como conselleiro de Pesca, por 27 millones de euros. La venta de estos helicópteros por la mitad del precio pagado por ellos, dejó en manos de la sociedad Inaer su funcionamiento. A la Consellería do Mar no le ha quedado otro remedio -si verdaderamente quiere que el servicio se mantenga- que reconocer que no encuentra una compañía que asuma la prestación de esa atención indispensable para el sector marítimo-pesquero y dar alas a una operación que le obliga a disponer de 40 millones de euros para contratar aeronaves por haber vendido los que tenía y que no encuentra una justificación a tal operación que la exima de lo que se puede entender como una absoluta falta de previsión o una irresponsabilidad de la que el sector pesquero la acusa abiertamente.

Si lo que se pretendía era la privatización de un servicio público prestado por personal de una entidad privada con medios propios de la Xunta -exactamente igual que ocurre con el Servizo de Gardacostas- la operación ha resultado de lo más desastrosa. Tal vez buscaba un ahorro económico, pero este no se ha producido. Cabe otra posibilidad: la Xunta ha querido, por lo que fuese, desligarse de Inaer, la empresa en cuyas manos recae desde el primer momento, la responsabilidad del servicio, y si así fuese, cada vez depende más de lo que Inaer disponga, ya que es la que fija precios, juega con los plazos y organiza a su antojo lo establecido en un contrato que, a lo que se ve, cada parte entiende a su manera.

El nuevo concurso abierto por el Gobierno gallego para la contratación de una empresa que pueda sustituir a Inaer ha resultado fallido y el Servizo de Gardacostas se encuentra en este momento en una especie de limbo al haber sido declarado desierto el citado concurso y con una espada de Damocles sobre el citado servicio después de que el Consello de Contas hubiese puesto sus ojos sobre un proceso en el que, al parecer, la Xunta ha omitido "los procedimientos legalmente establecidos".

Si Manuel Fraga Iribarne levantara la cabeza no lo creería.