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Derecho a una jubilación remunerada · Opinión

El futuro de las pensiones

Guarde para leer el lunes, no se amargue el domingo

Lo que hasta hace unos años era un debate que únicamente se abría, y para eso a medias, cuando llegaba diciembre y las entidades financieras nos intentaban vender planes de ahorro para nuestra jubilación, ahora es un tema de constante actualidad: el futuro de nuestro sistema de pensiones.

La crisis económica, y sus implicaciones inmediatas, ha abierto de forma perenne el debate sobre hasta qué punto nuestro sistema público de pensiones resulta sostenible y, en su caso, qué cambios deben introducirse en el mismo para que así sea. Desde mi punto de vista, en ese debate hay dos tipos de agentes actores, y muchos espectadores que no saben muy bien a qué atenerse. Intentaré aclararle algo las cosas a estos últimos.

Por un lado, nuestros gobernantes, y la clase política en general, cercenan intencionadamente el debate, reiterando una y otra vez que las pensiones públicas están garantizadas, que con las reformas llevadas a cabo el sistema es sostenible, y que el déficit actual del sistema es algo coyuntural, ligado a la crisis del mercado de trabajo, que sobrellevamos fácilmente con la conocida como hucha de las pensiones y cuando esta se acabe, que prácticamente ya se acabó, el Estado aportará recursos obtenidos vía impuestos o endeudamiento para cubrir esas necesidades.

Por otro lado, la academia y los estudiosos del tema que, para analizar el sistema de pensiones, consideramos necesario mirar, como poco, en el horizonte de la mitad del presente siglo. Aunque el año 2050 nos pueda parecer más bien simbólico, y quizás muy lejano, si echamos cuenta de qué edad tendremos en ese momento, seremos conscientes de que lo que pase con nuestro sistema público de pensiones en el futuro nos va afectar de pleno como jubilados.

Y en ese horizonte, e incluso antes, el problema en materia de pensiones no va a ser de crisis económica, de empleo o del nivel de productividad de los que trabajan, será un problema principalmente de demografía. Los datos son demoledores y prácticamente imposibles de alterar: la población mayor de 65 años, que actualmente representa 18,7% del total en España, sobrepasará el 30% en el año 2050; esto conllevará que la tasa de dependencia, definida como la ratio entre la población mayor de 67 años y la población de entre 16 y 66 años, aumentará del 24,8% actual al 60,2% en ese momento. Mantener la relación actual supondría retrasar tanto la edad de jubilación, o atraer a número tan elevado de inmigrantes o incrementar tanto la natalidad, que mejor ya no les asusto.

Con este panorama, la viabilidad del sistema público de pensiones pasa por introducir reformas que garanticen su sostenibilidad, pero explicando de una forma franca lo que estas conllevan: si queremos un sistema viable y sostenible, es imposible mantener el nivel actual de las pensiones, tendremos que reducirlas. Y esto es lo que ya se ha hecho con las modificaciones aprobadas al inicio de esta década, lo que pasa es que no se nos ha trasladado con claridad y de forma cuantificada lo que van a suponer en términos de merma de las pensiones actuales, y, en esa misma línea, desgraciadamente serán necesarias más reformas.

Cuando hablo de nuevas reformas también me refiero a corregir ciertas disfunciones del sistema actual en materia de gasto, a que mediante impuestos se puedan pagar más conceptos de pensiones de los que ahora se pagan o, incluso, a la posibilidad de que se vayan introduciendo pequeños elementos de capitalización, pero no nos engañemos, todo esto puede ser conveniente y necesario para garantizar que nuestro sistema público de pensiones pueda seguir haciendo frente al pago de las mismas pero, eso sí, reduciendo su cuantía; por lo menos hasta el año 2060, cuando los de la generación del baby boom ya no necesitemos cobrar nuestra pensión.

Este proceso ya se ha llevado a cabo en otros países, en los que las tendencias demográficas se han producido con anterioridad. Pensemos que la tasa de cobertura, la parte del sueldo previo que cubre la pensión pública-, en España está en el 80%, mientras que la media de la OCDE es del 41%. Nos guste o no, hacia esa media nos aproximaremos.

Espero haberles aclarado algo las cosas; sí a mí tampoco me agrada esta realidad.

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