Los conflictos de interés que afectan a expertos que supuestamente deberían advertir a los ciudadanos de los riesgos para su salud y se preocupan ante todo de sus bolsillos nos hacen preguntarnos en manos de quién estamos. Hace unos días, el diario francés "Le Monde" contaba el caso de un reputado especialista del pulmón, el profesor Michel Aubier, que complementaba su salario como jefe de departamento en un hospital parisino con una generosa remuneración de la fundación del grupo petroquímico Total.
Interrogado por una comisión del Senado francés en su condición de jefe del servicio neumonológico del hospital, Aubier mintió bajo juramento cuando negó "tener relación alguna" con empresas contaminantes. El médico declaró ante los senadores que la cifra de casos de cáncer atribuibles a la contaminación atmosférica era extremadamente baja.
No es por desgracia un caso aislado: según un estudio de la ONG Observatorio de la Europa Corporativa, cerca de la mitad de los expertos que asesoran a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) tienen conflictos de interés de tipo económico. Esa ONG con sede en la ciudfad de Bruselas ha analizado los intereses financieros detallados en 211 declaraciones de esos expertos y han llegado a la conclusión de que tales conflictos existen en algo más de un 46 por ciento de los casos.
Así, un 26,5 por ciento de los expertos declararon haber recibido dinero directamente de grupos de interés "regulados" mientras que otro 30,3 por ciento ha trabajado en organismos que han recibido financiación de empresas o grupos de presión de la industria.
"Casi la mitad de los expertos de la EFSA tienen conflictos de interés cuando estos no deberían existir en ningún caso", denuncia Martin Pingeon, activista del Observatorio de la Europa Corporativa.
"Tras cuatro años de críticas reiteradas del Parlamento Europeo, ¿por qué sigue negándose la EFSA a resolver los problemas que la aquejan, cerrando por ejemplo sus lagunas legales?", se pregunta ese activista. En el caso del Reino Unido resulta difícil encontrar expertos independientes ya que, como señala el informe, el Gobierno conservador privatizó el laboratorio nacional de seguridad alimentaria, que ahora tiene empresas privadas como clientes.
Uno de los casos denunciados es el de la directora de comunicaciones de la Autoridad Europea, que trabajó antes durante ocho años para el lobby de la industria alimentaria del Reino Unido. También se pone en cuestión la independencia del profesor H. Verhagen, director del departamento de Evaluación de Riesgos, que estuvo algún tiempo a sueldo de la multinacional anglo- holandesa del sector alimentario Unilever.
O la del profesor de toxicología Parent-Massin, denunciado en un programa de la TV francesa por haber asistido a un "briefing" de la empresa Coca-Cola antes de hablar a un grupo de doctores sobre el edulcorante aspartamo, supuestamente cancerígeno.
Pero hay otros casos y, como se señala en el informe, la Autoridad de Seguridad Alimentaria debería saber que una evaluación de riesgos totalmente objetiva es imposible mientras existe una cierta dependencia de la industria alimentaria.
Si la EFSA recibe gratuitamente asesoramiento de expertos de organismos financiados por esa industria, hay razones abundantes para sospechar que tal generosidad tiene un precio.
