Ahora mismo, y a la vista de algunas de las iniciativas parlamentarias del PPdeG, quizá procedan algunas reflexiones, formuladas -como siempre- desde la opinión personal y el respeto más absoluto a las decisiones de quien tiene la legitimidad electoral para tomarlas. Pero discrepando con el orden de prioridades, pese a que se acepte que todas resultan útiles y que parece obvio que unas son más urgentes que otras. A causa de que existen huecos que debieran cubrirse cuanto antes.
Es verdad que no siempre los legisladores aciertan -pese a que deberían- a la hora de sus preferencias. Pero la propia realidad indica de vez en cuando que ha de tomarse un camino diferente al previsto o programado y que conviene incluso la apelación a la vía de urgencia para sortear la que en ocasiones resulta inexplicable lentitud reglamentaria. Especialmente cuando surgen datos que, por su relevancia, reclaman una respuesta inmediata de los representantes de eso tan difuso que se llama soberanía popular.
Uno de esos casos, siempre desde el particular punto de vista de quien opina, es el referido al trabajo estadístico oficial según el que un veinte por ciento de los adolescentes gallegos tienen o han tenido contacto con drogas como la marihuana. Y conviene insistir en el carácter de "adolescente" -o sea, entre los trece y los quince años- del sector porque eso le confiere una trascendencia, y hasta provoca una alarma social, que debiera exigir la reacción fulminante de quienes han de afrontar el problema.
Y no es preciso devanarse los sesos para saber quiénes son: el poder público y, en lo privado, las familias. Aquel, porque debe aportar los medios formativos necesarios para que los adolescentes entiendan y prescindan del uso de drogas de cualquier tipo, incluido el alcohol; estas -las familias-, porque su papel educador es imprescindible. Sobre todo en tiempos como estos en los que la permisividad aparece como "un valor" y, por tanto, casi excluye límítes, incluidos los que recomienda la recta razón.
Pero hay algo más y por eso se citan las prioridades de quienes tienen las funciones de gobernar. Para evitar incluso las coincidencias que puedan resultar mal entendidas. Como sucede en estos días en los que, a la vez que se conoce el dato del consumo de hachís, se debate en el Parlamento la llamada Ley de Protección Animal. Y no se trata de discutir que los seres irracionales deban ser atendidos, sino de ocuparse de ellos sin que parezca que preocupan más que las personas. Y eso, precisamente eso, parece ahora si se escucha a algunos portavoces.
¿No...?
