Más autonomía para las comunidades autónomas

11.06.2017 | 02:32
Más autonomía para las comunidades autónomas

Las estadísticas de la OCDE muestran que España es el país de la UE con una mayor descentralización tributaria en el escalón regional. De hecho, solo Canadá y Estados Unidos se hallarían significativamente por encima. Sin embargo, también en este frente de la financiación autonómica tenemos que avanzar. No tanto en lo cuantitativo, como en lo cualitativo. Necesitamos ajuste fino de naturaleza fundamentalmente técnica para garantizar que la autonomía se pueda ejercer de forma suficiente y clara para los ciudadanos. Los principales cambios a afrontar serían los siguientes.

En primer lugar, las actuales participaciones en IVA e impuestos especiales deberían sustituirse por tramos autonómicos en los impuestos correspondientes. Las decisiones sobre esos tramos se tomarían de forma colegiada por las CCAA. Es verdad que esta solución plantea algunas dudas, pero no son irresolubles. Por ejemplo, hasta que contemos con instituciones más adecuadas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera podría ser el foro de debate entre las CCAA. Además, podría fijarse una mayoría cualificada que evitase la necesidad de consenso pleno. Las CCAA que no estuviesen de acuerdo con una subida (bajada) de tipos en el tramo autonómico podrían compensar a sus ciudadanos con rebajas (alzas) en otras figuras autonómicas. Dada la capacidad recaudatoria de IVA e impuestos especiales, las CCAA, como nivel de gobierno, disfrutarían de una herramienta muy útil y el gobierno central podría cerrar la puerta definitivamente a demandas de nuevos recursos transferidos, lo que elevaría la responsabilidad fiscal de las autonomías.

En segundo lugar, en el frente de la tributación sobre la riqueza (impuesto sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones) es necesario establecer un suelo de tributación a escala estatal que frene la actual competencia fiscal nociva; al menos mientras el impuesto correspondiente exista.

En tercer lugar, en el ámbito del IRPF resulta necesario que las decisiones de las CCAA se trasladen a las retenciones (y a los pagos a cuenta a las CCAA) con la misma velocidad y transparencia que cuando las decisiones afectan al tramo estatal. Hoy existe una asimetría y retraso (superior al año) inasumible, que desincentiva el uso de la autonomía. Además, los ciudadanos deben ser informados con claridad en sus nóminas y demás ingresos de la parte de la retención que va a financiar competencias autonómicas; y los programas de ayuda y las declaraciones deben mostrar nítidamente que nos hallamos ante dos impuestos que conviven bajo el mismo paraguas legal y la misma denominación, pero que corresponden a dos poderes tributarios distintos.

En tercer lugar, las CCAA están llamadas a tener un rol relevante en la gestión de las figuras tributarias nuevas o reformuladas al abrigo de "reforma fiscal verde" que se quedó aparcada en la primera legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero y que debería aparecer en la reforma integral del sistema fiscal español.

Finalmente, deberíamos avanzar en la participación de las CCAA en las labores de gestión tributaria; hoy fundamentalmente en manos de una Agencia Tributaria que sigue percibiéndose como una agencia estatal desconectada de las autonómicas.

*Director de GEN (Universidad de Vigo)

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