Observando cada día el panorama político español, no son inusuales los momentos de desánimo, de fatiga y de náusea que uno experimenta. La corrupción de los partidos (mayor o menor según su cuota de poder), sus permanentes conflictos fratricidas y la continua tensión separatista vuelven una y otra vez a los titulares de los medios de comunicación, que, en sus múltiples formas, nos bombardean inmisericordes con tales asuntos.
Pero como no queda más remedio que sobreponerse, toca hoy ocuparse de nuevo de la cuestión catalana, y en concreto de la solución de la misma que propugna el PSOE. Sabido es que este partido se inclina por una reforma constitucional que afronte en clave federal el arduo problema del manido "encaje" de Cataluña en España, que lleva camino de superar en dificultad al afamado encaje de bolillos. El mayor escollo radica en la condición exaltada del nacionalismo soberanista catalán, el cual se encuentra desde 2010 en situación de agudo priapismo político (hasta ahora desgraciadamente indoloro). Ese fue el año en que el mítico "seny", tras una larga enfermedad contraída hacia 2005, finalmente murió. Pues bien, ¿qué hacer?
El equipo de ideólogos de Pedro Sánchez ha propuesto al próximo congreso socialista una enmienda a la ponencia política que es del siguiente tenor: "Una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución". Comparto la idea de modificar nuestra Constitución en sentido federalizante, más que federal (véase en todo caso el estupendo libro de J. Tudela Aranda, "El fracasado éxito del Estado autonómico. Una historia española", Ed. Marcial Pons, 2016, con muchos de cuyos diagnósticos y propuestas coincido), y añado que se trata de una iniciativa necesaria para combatir al nacionalismo independentista en su mismo suelo electoral. Porque nacionalismo y federalismo se excluyen mutuamente y este resulta completamente imposible sin la lealtad institucional que el secesionismo jamás estará dispuesto a practicar.
No se equivoca la citada enmienda al aludir al carácter plurinacional del Estado español reconocido en el texto constitucional, pues, en efecto, tal reconocimiento "ya" está contenido en nuestra Ley Fundamental. Y sí, es en ese artículo 2 donde se mencionan las "nacionalidades" y regiones que integran "la Nación española", siempre citada por el constituyente con la mayúscula inicial. Dado que las nacionalidades son naciones meramente en sentido histórico-cultural (o sea, naciones sin Estado), resulta, pues, que España es, desde 1978, un Estado multinacional y multirregional. Añádase a ello que cuando el Preámbulo de la Constitución se refiere a la voluntad de la Nación española de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones", no se está refiriendo a todos y cada uno de los enclaves poblacionales del país, sino, precisamente, a las nacionalidades y regiones cuyo derecho a la autonomía "reconoce y garantiza" el artículo 2 de la propia Norma Suprema.
Dice la enmienda que proponen Sánchez y los suyos que el reconocimiento de la plurinacionalidad está simplemente "apuntado" en la Constitución y que, en consecuencia, debe ser "perfeccionado". ¿Cómo? No es cosa de echar a volar la imaginación, pero cabe afirmar que las habas que hay en esta materia son, ciertamente, habas contadas, y que ni Harry Potter podría añadir ninguna más. La razón es muy simple: podemos asegurar que España es un Estado plurinacional, según queda dicho, y que se trata de una "Nación" de nacionalidades y de regiones. Ahora bien, como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el único sujeto jurídico-político existente en nuestro ordenamiento -o sea, aquel que posee la cualidad de soberano- es el pueblo español, la Nación española. Nación y pueblo son aquí el sujeto unitario de quien se predica la soberanía en el artículo 1.2 de la Carta Magna. Y, claro está, por definición no puede haber dos soberanos. Por eso se yerra cada vez que se emplea la expresión "soberanía compartida".
Así, aunque se sustituyera en el artículo 2 "nacionalidades" por "naciones", nada cambiaría en tanto permaneciera incólume e indivisa la titularidad de la soberanía en manos del pueblo español. E igualmente, por más que se declarase que España es un Estado federal, no radicaría en las comunidades autónomas (o como quiera que se las denominase) la potestad soberana y, en consecuencia, el derecho de secesión. Por eso todo el discurso nacionalista gira en torno a la atribución a Cataluña de la categoría de nación soberana. Desde luego, se trata de un discurso ideológico y no jurídico. Pero hay que meter en la dura mollera del presidente del Gobierno que también una pretensión ideológica y antijurídica de esta clase fue inicialmente, en los orígenes de las revoluciones liberales, el arma empleada contra el poder soberano de los monarcas absolutos.
Necesitamos una reforma constitucional, por supuesto. Pero más todavía precisamos un rearme ideológico que defienda la convivencia multisecular de los "pueblos" integrantes de la Nación española. Y que esa defensa no se articule exclusivamente a través de la acción penal, aunque ello sea igualmente indispensable.
*Catedrático de Derecho Constitucional
