Así pues, al menos en opinión de quien esto escribe, la mejor noticia que puede darse hoy acerca de lo que ha dado en llamarse "municipalismo gallego" es que vuelve a notarse. Y además de forma asociativa y seria, a diferencia de en el pasado, en que pretendió ser una especie de "Diputación bis". Ahora, la Fegamp funciona de verdad como una entidad no solo práctica, sino también combativa. Lo que no se deja dicho en desdoro de lo de antaño, que cada cual hace lo que sabe y puede, sino en elogio para poner en valor lo de hogaño.

Y es que después del impulso que, desde un discreto segundo plano en la Federación intentó darle José Crespo, hoy "exiliado" en la Cámara Alta de las Cortes Generales, la Fegamp ha recuperado no solo pulso, sino una estrecha conexión con los intereses generales de los Concellos y sus vecinos. Y, por eso, es más frecuente ver a los alcaldes unidos en causas comunes, con independencia de las siglas en las que militan o de los intereses puntuales, en vez de pugnas que en su día fueron, además de fratricidas, estériles. Y el ejemplo más reciente es el del llamado "caso de las plusvalías".

Y es que la Administración Central y en no pocas ocasiones también las autonómicas, llevadas por una ferocidad recaudadora sin parangón -que se plasma en la búsqueda incesante de motivos siempre opinables y a veces disfrazados-, llevan a cabo una auténtica cacería de contribuyentes potenciales. Les vale cualquier excusa para sangrar sin piedad a las economías domésticas ya al borde de la asfixia. Y eso, por cierto, mientras permite, con manga ancha, que las más favorecidas inventen ingenierías mercantiles para incumplir o rebajar sus obligaciones tributarias.

(No se trata de incurrir en la fácil demagogia que a veces emplea la oposición parlamentaria para fustigar las costillas del gobierno, sino de recordar que la principal tarea de los municipios, como primer escalón de la democracia, es defender los derechos de sus vecinos con la misma fuerza con la que les hacen cumplir sus obligaciones. En definitiva, dar ejemplo, hacer pedagogía de la función pública, que es lo que con frecuencia se reclama desde la calle, pero que con tan poco éxito se atendía en las colinas del poder local. Y ya era hora de que eso empezase a cambiar).

Queda dicho que el último caso es el debate -y la sentencia- sobre el cobro de las plusvalías incluso cuando no las hubiere y, al vender bienes, el ciudadano perdiese dinero. El planteamiento es ridículo -pagar incluso por las minusvalías- y la Fegamp ha pedido que se aclaren los términos de la resolución judicial para resolver cuanto antes la cuestión sin margen de error. Y hay mucho de verdad y de justicia en ello: solo falta que se haga.

¿No...?