El martes, el Foro Económico de Galicia presentó su anuario 2017, coordinado por el profesor Jorge González Gurriarán y el periodista José Luis Gómez. Como todos los documentos que elabora el Foro, el contenido está disponible de forma libre y gratuita en su página web. Pero en esta columna quiero ir más allá y hablar de una cosa que no aparece en el propio Anuario pero en la que insistí en mi intervención y sobre la que el profesor Baltasar Manzano preparó un documento para el Foro ya en 2013.
Es verdad que Galicia ha dado ejemplo en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de déficit. Con sacrificio hicimos los deberes. Y lo hicimos fundamentalmente por la vía del ajuste en el gasto. Ahora es el momento de dar otro ejemplo. Reformar nuestra administración para ser más eficiente. La buena gestión pasa por asignar los recursos teniendo presentes costes y beneficios. Da igual que nos refiramos a la esfera privada e individual o a la colectiva y pública. La lógica debe ser la misma. Lo que cambia es que, en el primer caso, los costes y beneficios relevantes son los privados; en el segundo deben ser los sociales. Por eso, el gestor público, cuando toma una decisión, está obligado a tener en cuenta cosas como sus efectos sobre la distribución de la renta, el paisaje, la contaminación, o la igualdad de acceso a los bienes y servicios públicos.
Todos conocemos obras y servicios que absorben recursos para los que existirían, sin duda, mejores alternativas. Trenes de alta velocidad, ciudades de la cultura, paseos fluviales? por no hablar de autovías o puertos. La realidad es que es excepcional que se aplique la misma lógica del espacio privado de toma de decisiones al público. Lo malo y censurable es que se podría hacer. Porque existen herramientas para ello.
En concreto, la técnica del análisis coste-beneficio (ACB) es el principal instrumento utilizado en el examen de la eficiencia del gasto público. En esencia, se trata de determinar los costes y beneficios generados por un determinado programa de gasto y compararlos entre sí. El ACB tiene un campo de aplicación amplio y puede aplicarse tanto a los proyectos de inversión como a programas de gasto de naturaleza fundamentalmente corriente. Por supuesto, realizar un ACB tiene su coste y, por ello, no tiene sentido aplicarlo a proyectos de importe muy bajo. Pero sí a aquellos que movilizan millones de euros. Las administraciones públicas deberían establecer umbrales a partir de los cuales la realización de informes independientes de rentabilidad social neta de los proyectos fuese preceptiva. Nos ayudaría enormemente a gestionar mejor, sobre todo en tiempo de máxima austeridad, y a objetivar el debate público.
¿Por qué no convertimos a la Comunidad gallega en líder de esto, ahorrándonos un buen número de malas decisiones?
*Director del Foro Económico de Galicia
