Una de las características deseables en el ejercicio de los partidos políticos, aparte de que ganen elecciones, es que, además -y aunque a veces las pierdan-, posean influencia social suficiente como para "empujar" a los gobiernos en determinada dirección cuando las circunstancias del país lo aconsejen. Porque en alguna determinada, puede que lo que se considere "interés" de una fuerza política -sobre todo en regímenes como el español- y el general no coincidan, y entonces aquella influencia puede resultar decisiva en ese momento concreto.
Claro que, como en toda regla hay excepción, no iba a ser precisamente en este terreno. Y en política existen gobiernos que tienen influencia en su sociedad geográfica pero menor, o decreciente, en áreas internas donde resultaría clave para resolver problemas o reclamaciones propias. Es el caso -dicho sin ánimo de crítica descalificante, sino como observación demostrable- del gobierno gallego del PP, que hace apenas nueve meses obtuvo la única mayoría absoluta lograda entonces en España por cualquier partido, incluidos los nuevos.
Ese resultado, y dada la circunstancia de que en el Estado debió conformarse con una victoria exigua, provocó que casi todo el mundo aquí, incluida la oposición, pensara que, de alguna manera, los tiempos de aumentar el peso de Galicia allí donde se necesitaba habían llegado. Especialmente cuando, antes y durante meses, se había especulado con la posibilidad de que su presidente, el señor Núñez Feijóo, tuviese muy serias opciones de sustituir a Mariano Rajoy al frente del partido y el gobierno nacional. Con la aquiescencia de no pocos de sus líderes, algunos de los cuales se reunieron con él para convencerlo.
No tuvieron éxito. Y más tarde, las siete vidas políticas que le atribuyen al señor Rajoy parecieron confirmarse y resultó reelegido. Desde entonces, lo que se esperaban algunos, una serie de "buenas cosas" para Galicia no solo no acontecieron, sino que fue más bien al contrario. Primero, con el AVE, donde se multiplicaron retrasos y dudas; después, en algunos planes estratégicos, de los que nunca más se supo; más tarde, decisiones de Madrid a las que hubo que apelar a los tribunales; y, en fin, declaraciones del ministro del Fomento, negando lo que el Parlamento gallego reclamó por unanimidad.
Nadie sabe qué depara el destino desde el gobierno "amigo" tras el veto de De la Serna a la cesión de las competencias sobre la Autopista del Atlántico, la AP-9, o si este será el último desaire. Lo que ya pocos dudarán, a pesar de las declaraciones paliativas de los dirigentes gallegos del PP, de que si alguna vez alguien pensó en lo de que los resultados electorales le darían a este antiguo Reino un plus de justicia -que no de desigualdad- esperaron en vano. Y la decepción se hará patente, sea cuando sea, en las urnas. Aunque la falta de alternativa lo retarde.
¿Eh...?
