Vivimos en un Estado minado por la corrupción en el que todo el que puede se aprovecha y trata de sacar la mayor tajada.
Lo hemos visto con el cupo vasco, ese dinero que paga Euskadi al Estado central por las competencias no transferidas: defensa, servicio exterior, intereses de la deuda.
Aprovechándose de la necesidad que tenía el Gobierno del PP de la aprobación de unos presupuestos que permitieran su continuidad en minoría, el Gobierno vasco ha sabido vender su apoyo al mejor precio. Cada uno, a lo suyo.
No queremos ni pensar lo que habría ocurrido si en lugar del PP, el voto del Gobierno vasco a los presupuestos lo hubiese "comprado" la izquierda: inmediatamente la habrían acusado de "vendepatrias".
El cálculo de ese cupo, al que tienen derecho por razones históricas los vascos, representa un privilegio frente a otras comunidades más pobres y desfavorecidas, que reclaman una financiación más justa, pero ¿acaso importa eso?
¿Qué importa que de esa forma se dé apoyo a un partido asfixiado por la corrupción si ellos son vascos y no tienen por qué sentirse solidarios con el resto del país?
Mientras tanto, algún medio pone como ejemplo lo ocurrido, elogia el "pragmatismo" vasco y lo compara con la radicalidad de los independentistas catalanes, que sólo creen ya en la ruptura para "servir a sus ciudadanos".
Podrán gracias a ese acuerdo los ciudadanos vascos tener mejor sanidad y mejores servicios sociales aunque una y otros sigan degradándose en el resto del Estado. Que culpen otros a Madrid, dirán aquellos.
Coincidió por cierto la noticia sobre el cupo vasco con otra en torno al informe en torno al almacén de gas natural Castor, frente a las costas de Castellón y Tarragona, al que un informe científico estadounidense ha atribuido los terremotos que tanto preocuparon a los habitantes de ese litoral.
Por lo que hemos leído, el Estado, es decir, los ciudadanos tendremos que pagar una factura a Enagás, la empresa a la que el Gobierno encargó que se hiciera cargo de las instalaciones, después de que Escal UGS, con mayoría de ACS, la empresa de Florentino Pérez, abandonara la concesión.
Ya a finales de 2014, el Gobierno aprobó el pago a la promotora de 1.350 millones de euros, a los que se sumaron ya cerca de otros 300 millones y a los que habrá que añadir ahora los gastos del desmantelamiento y los intereses de la indemnización durante los 30 próximos años.
Según Greenpeace, la factura total podría superar los 4.000 millones. Se trata en opinión de esa ONG, , de "uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo basado en las energías sucias".
Una vez más, Gobierno y empresas -casi siempre las mismas favorecidas- llegan, sin la necesaria transparencia, a acuerdos que benefician sólo a las segundas y, si algo se tuerce luego por el camino, no importa para ello está el papá Estado.
Siempre acabaremos pagando los ciudadanos sin que podamos rechistar y sin que paguen en cambio los responsables. ¡Valiente democracia!
