Hay anuncios a primera vista alentadores que en el fondo no lo son tanto. El Gobierno ha comunicado a Bruselas que Hacienda endurecerá el control del IVA y hará más inspecciones a las grandes fortunas y a las multinacionales. Si no fuera porque todos sabemos lo que ocurre, la respuesta debería ser la perplejidad y el asombro de que esa presión sobre el fraude fiscal se ejerza, parece ser, de manera excepcional y se anuncie a bombo y platillo. Las inspecciones, en el caso de que se fueran a hacer con mayor diligencia a las grandes fortunas que evaden impuestos, no tiene demasiado sentido práctico anunciarlas. Simplemente hay que hacerlas y perseguir a los defraudadores para que en este país no sean solo unos cuantos paganinis los que cumplan con el deber de tributar. Sin embargo, en el plan remitido a la UE, el Gobierno pone especial énfasis en su deber de perseguir a los que más defraudan. El objetivo, recalca, es de "especial importancia" para la Administración Tributaria en 2017. ¿Acaso no lo fue en 2016? ¿En 2015, que ocurrió? ¿Sucedió algo distinto en los años anteriores? Puede ser que el aviso no se trate de una excepcionalidad y sí, en cambio, de una reiteración formulista. Que todos los años el "objetivo especial" que el Gobierno transmite a Bruselas sea el control y la inspección de las grandes fortunas descontroladas. Puede, pero de ser así estaríamos admitiendo año tras año la impotencia manifiesta para reducir el fraude, o lo que es peor todavía, la connivencia que lleva a aceptarlo y, en ocasiones, a proponer amnistías fiscales con el fin de redundar en la inmoralidad y en el agravio comparativo a los contribuyentes.
