25 años. Estos días se conmemora el 25 aniversario del Consello de Contas de Galicia, que se contempla en el propio Estatuto de Autonomía de Galicia como un instrumento de garantía de la rendición de cuentas de la comunidad autónoma al Parlamento. Para ello se configura como un órgano independiente al que se le encomiendan distintas funciones, de control de la actividad económica, financiera y contable, actividad consultiva y también por delegación del Tribunal de Cuentas.

A estas responsabilidades, ya de por sí de una gran relevancia en la escena pública, se les añade en el año 2015 un nuevo núcleo de competencias, directamente asociadas con la lucha y la prevención contra la corrupción, para garantizar una correcta gestión de las finanzas públicas. En un momento de intensa desafección política y en el que resulta preciso apuntalar una estrategia de regeneración democrática se tomaba una decisión, en mi opinión, acertada. Pues aunque otras comunidades han optado por un modelo diferenciado, creando, ad hoc, nuevos órganos de control, como ha sucedido en Valencia, con la creación por Ley de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en este caso, se potenciaba un órgano de control ya existente y con un amplio recorrido y experiencia.

Eso no significa que el Consello de Contas no fuese y no actuase ya como una herramienta de control de la acción pública en su vertiente económica, pero con proyección sobre todo su conjunto (contratación, urbanismo, recursos humanos, sanidad). Con su función contribuía, desde su nacimiento, a la prevención de la corrupción, por cuanto la rendición de cuentas, el escrutinio público y la publicidad de los resultados del control, constituyen los pilares básicos del funcionamiento democrático de las sociedades más avanzadas.

En esa dimensión vela que la actividad económico-financiera del sector público de Galicia se ajuste al ordenamiento jurídico y al principio de racionalidad, determinado por criterios de eficiencia y economía. Pero ahora también lo hace a través de la propuesta de sistemas de prevención, de la elaboración de manuales de gestión de riesgos de la corrupción, comprobando los sistemas de prevención que se pongan en marcha, pero también fomentando en la sociedad civil, y particularmente en el ámbito empresarial, la transparencia y el comportamiento ético en sus relaciones con el sector público.

Tareas que se abordarán este mismo año. Así se desprende de la reciente comparecencia del Conselleiro Maior ante la Comisión Permanente no Legislativa para las relaciones con el Consello de Contas, en la que, entre otros extremos, dio cuenta del Plan de Trabajo del órgano de control para el año 2017. En el mismo se fijan como objetivos la colaboración con las entidades del sector público autonómico y local, en este caso las de menor tamaño, ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, en la implantación de sistemas de prevención de la corrupción y, por otro lado, el fomento de la concienciación y participación ciudadana a favor de la transparencia y de un comportamiento íntegro.

25 años que son un punto de inflexión. Se abre una nueva etapa, de grandes desafíos para responder al reto de su misión en la mejora de la calidad democrática de las instituciones. Para ello resultará vital la recién creada Sección de Prevención de la Corrupción que permitirá el amplio desarrollo de esta nueva función y asumir no solo la lucha contra la corrupción en la gestión pública, sino la prevención de la corrupción. Así lo exigen los casos de irregularidades que, día a día, salen a la luz pública y para los que la sociedad exige la adopción de medidas de control.

*Doctora en Derecho y secretaria de Administración Local