Que una empresa gane dinero es lo suyo. La consecución de beneficios está en su naturaleza. Y, como principio, cuanto mayores sean sus ganancias obtenidas de forma legal, mejor para todos: para sus gestores, la plantilla y el conjunto de la economía, que se ve enriquecida y dinamizada por el impulso de agentes económicos prósperos. Nada que objetar, pues. Sin embargo, no todo empieza y acaba en los beneficios. Y no todo vale para obtenerlos. Porque el derecho legítimo que les asiste para alcanzarlos no les autoriza a soslayar la serie de obligaciones que usualmente van implícitas y deben ser atendidas. Y es precisamente en esta cuestión en donde Audasa tropieza con obstinada prepotencia.

La concesionaria de la Autopista del Atlántico (A-9) ha sacado pecho de su situación económica en el informe recién enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el balance de su negocio en 2016 exhibe una notable musculatura: 138 millones de facturación, 45 de beneficio después de impuestos (el mayor en cinco años) e incremento sostenido de tráficos (con 20.000 vehículos particulares diarios). Su satisfacción es tan evidente que la propia empresa confiesa en el documento que en el horizonte no aprecia ningún elemento amenazante proveniente de "otras redes o medios alternativos". En otras palabras, que ni el tren ni por supuesto la carretera nacional N-550 son ni serán competencia. O sea, que su negocio se mueve en el confortabilísimo terreno del monopolio.

Pero a Audasa no le parece suficiente este estado en apariencia boyante de cosas y aspira a engordar su caja. Por eso acaba de anunciar que en enero su consejo de administración tomó la decisión de presentar un recurso contencioso-administrativo contra Fomento. Reclama la empresa una compensación por las rebajas de peajes ordenadas por el ministerio que bonifica los viajes de vuelta entre Vigo y Pontevedra a los usuarios del telepeaje. Entiende la concesionaria que esa imposición "no se ajusta al ordenamiento jurídico" y perjudica su "equilibrio económico-financiero". Por eso reclama dinero, principalmente por la vía tan querida para la empresa del encarecimiento de las tarifas.

Le asiste, como es natural, todo el derecho de acudir a los tribunales ordinarios en la defensa de sus intereses. Sin embargo, lo que mueve al estupor es comprobar cómo ese celo en reclamar lo que considera suyo se torna en desidia, indiferencia o menosprecio cuando le toca cumplir con sus obligaciones.

Porque la trayectoria de la concesionaria de la AP-9, la más rentable de España, está marcada por una actitud cicatera en lo económico y sorda en lo social. Audasa tiene en su haber un logro nada frecuente en nuestro territorio: haber puesto de acuerdo a todos los partidos del arco parlamentario autonómico y a todos los grupos municipales de los diferentes concellos que atraviesa la autopista. Todos, sin excepción, le han afeado, exigido, conminado y reprendido en más de una ocasión. Todos le han reclamado un cambio de actitud en la gestión del vial, más inversiones y, en definitiva, el cumplimiento escrupuloso de la ley. El malestar es tan evidente que el Parlamento de Galicia, por unanimidad de todos sus diputados, le ha pedido a Fomento la tutela de la AP-9 para controlar y fiscalizarla desde aquí.

Sin duda, a la cabeza de los concellos damnificados están Vigo y su área metropolitana. En este territorio, el desprecio mostrado por la concesionaria ha sido palmario. Primero con los miles de vecinos entre Chapela y Vigo que soportan a diario una contaminación acústica por encima de los 65 decibelios. Las quejas se remontan a hace tres décadas y el perjuicio que les causa el ruido afectan gravemente a su vida cotidiana. El propio Fomento hizo público el pasado febrero un estudio en el que cifraba en 19 millones de euros la inversión que debería acometer la concesionaria para atajar el problema. El ministerio instaba a cambiar el asfalto por un pavimento fonorreductor y a instalar pantallas acústicas y semicubiertas en buena parte de los cinco kilómetros de acceso a Vigo. A todo ello Audasa ha dado la callada por respuesta.

Vigo, con todos los votos de la corporación a favor, ha demandado también a Audasa una entrada a la ciudad desde Teis, al considerar que ese tramo de la autopista es totalmente urbano. La empresa también guarda silencio.

La obra de ampliación del puente de Rande, que debería haber concluido este mes, sigue en marcha sin que se tengan noticias de su finalización. Cuando se le pregunta a la empresa por la fecha, no hay respuesta. Y eso porque intentó recortar el proyecto para ahorrarse costes. Al final la presión de Fomento evitó que la compañía diese el cambiazo y le obligó a retomar el ganador del concurso.

El Puerto de Vigo le ha apremiado en repetidas ocasiones a pagar, como le obliga la ley, el canon por la ocupación de la ría que hace el puente de Rande. Aunque la cantidad es irrisoria para una empresa que mueve tantos millones, Audasa se ha resistido y ha reaccionado a las insistentes peticiones de la Autoridad Portuaria... con un arrogante silencio. De momento esta actitud refractaria a cumplir con sus compromisos ya le ha valido sendas multas. El conflicto entre ambas apunta a que se dirimirá en los tribunales, un terreno por el que por lo visto siente una profunda querencia.

La relación de agravios es extensísima: interminables colas por falta de cabinistas, ausencia de arcenes que permitan estacionar en caso de avería, apagado de las luces para ahorrar costes, mal estado de las calzadas, cobro inmisericorde a cientos de conductores atrapados en una autopista cercada por un incendio forestal, cortar carriles sin avisar, permitir que miles de coches accedan a un vial a sabiendas de que está colapsado...

De poco han valido las reprimendas y admoniciones de concellos, Xunta, Fomento y colectivos (vecinales, empresariales, de automovilistas...). El comportamiento de Audasa a todo el aluvión de quejas es siempre el mismo: callar y hacer caja. Más que una empresa concesionaria actúa como una eficientísima agencia recaudadora que se mueve con la seguridad, o mejor displicencia, que le otorga el tener garantizado su pingüe negociete hasta 2048, cuando expira su contrato.

Cierto es que después de 35 años llenándose los bolsillos, la concesionaria está ahora inmersa en dos obras mayúsculas, en especial la de la ampliación de Rande. Pero no es menos cierto que esta actuación, cifrada en 180 millones de euros, será resarcida en tiempo récord (solo en los dos últimos años declaró un beneficio neto de 90 millones). Y también que la ampliación permitirá la circulación de más vehículos y, por tanto, más negocio. Sobre todo en un contexto, recordémoslo, en el que no hay alternativa ni competencia a la vista.

Por eso resulta sorprendente, por decirlo de alguna manera, que la concesionaria, en manos de un fondo norteamericano llamado Corsair, acuda a los tribunales para defender unos derechos que entiende vulnerados cuando durante décadas se ha burlado de los de cientos de miles de gallegos a los que debería servir. Al menos eso es lo que dice el contrato que firmaron y año tras año se resiste a cumplir.