La activación por Reino Unido del proceso de retirada de la Unión Europea abre un escenario lleno de incertidumbres y tensiones en materia económica. Para el sector pesquero gallego, el desafío es mayúsculo. Consciente del escaso peso de España para hacerse valer de una vez por todas en cada cumbre europea de pesca, nuestra flota ya se ha apresurado a advertir alto y claro de que no aceptará restricciones de ningún tipo. España no debería dormirse en el complejo divorcio en marcha si quiere preservar unas aguas claves para la supervivencia de una parte importante de nuestros barcos.

Si lo que ocurre con las cumbres de la UE es un sinvivir para nuestra flota, trasquilada las más de las veces, siempre en vilo ante la guillotina con la que cada año se le amenaza en Bruselas, la nueva disyuntiva viene a agrandar la zozobra. Ni más ni menos que el futuro de 140 barcos de capital gallego, 2.000 marineros y un negocio anual de 280 millones en productos pesqueros en primera venta dependen de cómo se gestione la salida de Reino Unido de Europa.

Con la mitad de capacidad pesquera que Galicia, Reino Unido tiene el doble de posibilidades de pesca. En 2015 la Comisión Europea fijó un Total Admisible de Capturas (TAC) de cigala de 63.183 toneladas para la flota comunitaria, de las que casi el 60% se adjudicaron a la flota de Reino Unido. Del bacalao, los británicos se llevaron el 41% del total. Las dos especies, para las que España apenas tiene cuota, son de gran valor comercial y en ambos casos los barcos británicos pueden acceder a sus zonas de pesca (las propias británicas, de Irlanda, Noruega, Feroe o Dinamarca) gracias a que los países de la UE crearon en 1976 una zona de pesca de 200 millas.

La administración de las posibilidades de pesca de esta gran área marítima es el cometido central de la Política Pesquera Común (PPC), que cada año establece cuánto puede faenar cada país en base a criterios científicos (los TAC, por la salud de cada pesquería) y políticos (el criterio de estabilidad relativa, injustamente sin modificar desde 1986). Una vez que Reino Unido consuma su salida de la UE, saldrá automáticamente de la PPC.

El vínculo histórico de Galicia con los caladeros de Gran Sol y de Malvinas es tan extenso y fructífero que cualquier retroceso en estas aguas tendría consecuencias nefastas. Con casi 80 barcos gallegos faenando en Gran Sol, una veintena en las Falkland (Malvinas) y un saldo comercial negativo de 40 millones al año solo en pescado fresco y congelado -dependemos sobremanera de su materia prima, que no compensamos con la exportación de productos elaborados-, las negociaciones del Brexit serán determinantes.

En conjunto, existe una relación de mutuo beneficio entre Galicia y Reino Unido en materia pesquera que, en todo caso, debe preservarse. La economía británica es netamente exportadora de pescado, ya que vende al exterior la mitad de las 663.000 toneladas que faenan sus barcos cada año. España, con 142 millones de libras al año, es su tercer mayor destinatario después de Estados Unidos y Francia. Los británicos no son grandes consumidores de pescado -apenas 19 kilos anuales per cápita-, y pese a tener una industria modesta son, tras España, el segundo exportador pesquero de la UE.

Su sector extractivo tiene la mitad de capacidad del español, emplea a 12.000 personas (un tercio que en España) y concentra el 15% de las cuotas asignadas por el criterio político de la estabilidad relativa, el doble que las nuestras. Por más que el ala dura de los defensores británicos del Brexit hable de que se abre un "mar de oportunidades" con la salida de la PPC, Reino Unido necesita tanto el mercado comunitario como éste precisa de Reino Unido.

Así pues, a la delegación española que participe en las negociaciones ha de hacérsele ver esta disyuntiva para llegar a un acuerdo que a todas las partes interesa que sea lo más satisfactorio posible. Y para ello lo más urgente es reclamar que el sector primario no se convierta de nuevo en moneda de cambio para otras componendas ni su negociación se deje para el último lugar.

El modelo de negociación por el que en principio apuesta Theresa May es el de un Brexit duro, lo cual descarta a priori un acuerdo de libre comercio y abriría la puerta a barreras arancelarias, pérdida de acceso a las 200 millas de Zona Económica Exclusiva de Reino Unido y, consecuentemente, de cuotas. El libro blanco publicado por Downing Street sobre el Brexit solo dedica un párrafo al sector pesquero pero clarividente sobre sus intenciones: "Teniendo en cuenta la gran importancia de las aguas británicas para la industria pesquera de la UE y la importancia de las aguas de la UE para Reino Unido, existe un interés mutuo para alcanzar un acuerdo bueno para ambas partes. Trataremos de asegurar un sector rentable y sostenible, más rico y más productivo", reza textualmente.

Como acertadamente sostiene el catedrático José Manuel Sobrino en el informe encargado por la Xunta para analizar el impacto del Brexit, una negociación que busque el interés mutuo es una cuestión crucial, no solo para Reino Unido y la flota gallega, sino también para otros países que, como Francia, pescan históricamente en aguas británicas. En su estudio, realizado a petición de la Consellería do Mar, defiende que conviene "presionar por la vía del acceso de los productos pesqueros británicos al mercado europeo para, con esta presión, mejorar las posibilidades de pesca en aguas británicas de la flota de la UE". En su opinión, es una de las escasas armas negociadoras con las que cuenta la UE para afrontar el desafío pesquero.

Preservar nuestra flota en esas aguas es clave para seguir conservando los niveles de productividad y el peso específico de la industria pesquera gallega, la única actividad económica que pese a los muy duros y dolorosos reveses de la crisis se mantuvo como punta de lanza para la ansiada recuperación económica.

El reto del Brexit emplaza a Gobierno central y Xunta a bregarse a fondo para apoyarla y defenderla como prioritaria en las negociaciones en ciernes. Porque ninguna otra comunidad hay más dependiente de la pesca que Galicia. Y sin embargo, apenas se la compensa. Por eso es inexcusable, primero, salir indemnes del divorcio de Londres y, después, fuera ya Reino Unido de la Política Pesquera Común, buscar fórmulas efectivas para acabar de una vez con el injusto reparto político de cuotas al que nos condena el principio de estabilidad relativa. Porque no está escrito que los acuerdos comunitarios sean inamovibles y porque, después de más de 30 años de esta modalidad de asignación que tanto ha penalizado la flota gallega, ya va siendo hora.