A estas alturas, visto lo que está ocurriendo y sin el menor ánimo de faltarle al respeto a la señora De Lara, y menos aún de poner en duda su capacidad como juez, parece evidente que alguien, más allá aún de los Colegios de Abogados que han presentado quejas o de las de varios investigados por ella que han visto interrumpidas o bajo pública sospecha sus carreras, tendría que haber intervenido ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, al menos para averiguar lo que pasa y ponerle remedio. Porque algo está pasando aquí que exige atención.
Lo que se reclama no es una expedición punitiva, ni una intervención inquisitorial que impida a la magistrada hacer su trabajo como es debido. Pero cuando se dedican años a tareas que se parecen a una Causa General contra la Política entendida casi como actividad corrupta -o peor aún, cuando da la impresión de que busca el pecador antes siquiera de saber si hay pecado-, es obligado preguntar si todo se ciñe al orden lógico de las cosas. De forma especial cuando prácticamente todo lo instruido es rechazado en la fase procesal siguiente. Y después de haber causado daños severos a la fama y la imagen de los imputados.
Los dos últimos episodios parecen una muestra de lo que se afirma. El primero, cuando el Supremo rechaza las imputaciones contra el ex/ministro y eurodiputado Blanco López y el senador Xosé Manuel Barreiro por supuesto cohecho al admitir regalos que el Alto Tribunal entiende que son "obsequios de mera cortesía". El segundo, al descartar el TSXG una investigación parecida, pero contra los señores Feijóo y Rueda, presidente y vicepresidente de la Xunta. La argumentación del Superior de Galicia sigue a la del Supremo y declara la "no existencia de pruebas", sino actos de cortesía a personas de diferentes perfiles y profesiones.
Queda dicho que todo ello ha causado daños a la imagen y la fama de las personas, seguramente no intencionados, pero desde luego evidentes. De modo especial cuando las decisiones de los Tribunales han sido precedidas de una serie de filtraciones en las que, por regla general, se daban casi por delitos lo que ahora se proclama como actos de cortesía. E incluso otros casos, en piezas separadas de la "operación Pokemon", sin ir más lejos, también han sido sobreseídos en su fase de recursos en otros tribunales: esos precedentes justifican la afirmación de que algo pasa.
Algunas de las quejas y declaraciones de afectados aludían a que la señora De Lara parecía inmersa en la misión de acabar con lo que considera corrupción buscándola, por lo que ve sin demasiado éxito, allí donde cree que existe. Lo malo es que en el camino se han dañado valores irrenunciables -el honor de inocentes, verbigratia- que, como escribiera el clásico, "son patrimonio del alma". O la confianza en la Justicia, y aun en el correcto funcionamiento de las Administraciones, a veces caricaturizadas como un estercolero de Sicilia. Y no.
¿Eh??
